¿Investigación contra la vicepresidenta es causal de destitución?

La Fiscalía General del Estado encontró elementos suficientes para vincular al caso Nene a la vicepresidenta Verónica Abad, quien habría dispuesto la contratación del funcionario que denunció a su hijo, Sebastián Barreiro, por cobrarle parte de su sueldo a cambio del cargo en la Vicepresidencia de la República.

A través de un video publicado en la cuenta de X del Ministerio Público, el fiscal del caso, Carlos Alarcón, informó que, en la ampliación de la versión del denunciante este señaló que fue contratado por una “disposición directa de la vicepresidenta de la República”.

Además, el fiscal recalcó que existen registros telefónicos por los que se determinó la presunta participación de Verónica Abad en esta causa, por la que su hijo es investigado por el delito de oferta para realizar tráfico de influencias.

Una vez que la vicepresidenta ingresó al proceso, el caso pasó a fuero de Corte Nacional de Justicia, en cuanto el nuevo fiscal asuma la causa, este pedirá al juez fecha y hora para la audiencia en la que vinculará a Abad.

Sebastián Barreiro fue detenido el 21 de marzo del 2024 en su oficina de Cuenca, después de ser denunciado por un funcionario al que se contrató en la Vicepresidencia por un sueldo de USD 3.500, monto del que debía entregar la mitad al hijo de la vicepresidenta.

¿Se puede destituir a Abad?

El inicio de una investigación en contra de la vicepresidenta de la República, por un delito relacionado con la corrupción, abre la puerta para un juicio político en la Asamblea Nacional, que podría desencadenar en su destitución, así lo recalcó el constitucionalista José Chalco.

Según el experto, la actual investigación encaja con lo que señala el artículo 129 de la Constitución de la República, que establece que en la Asamblea se puede solicitar el enjuiciamiento político en contra de un vicepresidente de la República, con la presentación de 45 firmas, si es que la autoridad ha incurrido en los delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, para iniciar el juicio político se requerirá el dictamen de la Corte Constitucional, pero no será necesario el enjuiciamiento penal previo.

¿En cuál de los delitos antes mencionados encaja la supuesta actuación de Abad? Chalco explicó que encajarían en el de concusión, que establece sanciones para los servidores públicos que, abusando de su cargo, por sí o por medio de terceros, ordenen o exijan la entrega de contribuciones, esta actitud conlleva una pena de prisión de tres a cinco años.

Para destituir y censurar a Abad en la Asamblea Nacional se necesitará del voto favorable de las dos terceras partes del Legislativo, es decir, 92 votos, del total de 137 legisladores.

Abad se defiende

A través de una entrevista a un medio internacional, Verónica Abad se defendió de su vinculación con el caso Nene y señaló, una vez más, que el presidente Daniel Noboa está detrás de la persecución en su contra.

“El fiscal que acusa a mi hijo es el mismo fiscal que ha montado 46 juicios políticos a la exesposa del señor presidente”, señaló Abad, quien recalcó que el primer mandatario ha iniciado en su contra una persecución política y judicial, a través de la cual la presiona para que presente su renuncia.

La Fiscalía General del Estado aclaró que la institución lleva procesos penales y no políticos; sin embargo, reconoció que el fiscal Alarcón conoce una causa en la que es investigado un familiar de la exesposa del presidente, por presunto peculado en la contratación de seguros de Petroecuador.

Daniel Noboa ha manifestado abiertamente su inconformidad con su binomio y, a través de una consulta a la Procuraduría General del Estado espera poder realizar campaña electoral para la reelección sin tener que encargarle el puesto a Abad.

Andrea Salazar

Periodista multimedia especializada en temas políticos, judiciales, económicos y de migración con enfoque nacional.

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