Los bloques de oposición en la Asamblea argumentaron la falta de información sobre el caso en que se investiga a Abad.
Aunque la Fiscalía General del Estado encontró indicios suficientes para vincular a Verónica Abad al caso Nene, en el que se le investiga a su hijo por el cobro de “diezmos”, la Asamblea Nacional decidió no permitir el procesamiento penal de la vicepresidenta de la República, los legisladores argumentaron la falta de información sobre el caso.
Con apenas 41 votos afirmativos, provenientes de la bancada gobiernista y sus aliados, el Pleno de la Asamblea no alcanzó los 92 votos que se necesitaban para autorizar la vinculación penal de Abad.
Los 74 votos en contra y las 18 abstenciones provinieron de las bancadas de la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano (PSC) y Construye, que previamente habían rechazado que la pugna personal entre el presidente Daniel Noboa y Verónica Abad haya escalado a los niveles judiciales y legislativos.
La moción para permitir el enjuiciamiento a Abad provino de Leonardo Berrezueta, legislador de las filas correístas que representa a la provincia del Azuay, en la que se pidió autorizar la solicitud de la jueza Daniella Camacho, para vincular a Abad al caso Nene.
Una vez que el pleno de la Asamblea no consiguió los 92 votos para autorizar el procesamiento penal de Abad, se procedió a la reconsideración, que no fue aceptada, con lo que el tema quedó sellado.
La Asamblea Nacional, a través de un comunicado, puntualizó que la decisión tomada no implica impunidad, pues el delito de concusión, por el que iba a ser investigada la vicepresidenta, no prescribe, por tanto, la jueza del caso podrá continuar con las acciones legales correspondientes, pero una vez que Abad concluya su período como vicepresidenta de la República, en 11 meses.
El constitucionalista José Chalco coincide con la postura de la Asamblea, pues la negativa del Legislativo solo impide que Abad sea vinculada al caso Nene en este momento; además que el proceso deberá continuar para su hijo, Sebastián Barreiro, y para el asesor de la vicepresidenta, Daniel Redrován.
Alegan falta de información
El pleno de la Asamblea tenía la facultad de declarar a la sesión como reservada, lo que les habría permitido a los asambleístas revisar en privado la documentación remitida por la jueza Daniella Camacho; pero, al hacerla pública y al estar el proceso en etapa de indagación previa, esta información no pudo conocerse.
En su moción, la legisladora Gissela Molina (Revolución Ciudadana) pidió al pleno negar la autorización para procesar a Abad, argumentando esta falta de información sobre el caso, lo cual se aprobó con 75 votos a favor, 38 negativos y 20 abstenciones.
“La Legislatura, en aras de la transparencia, mal podría resolver autorizar el enjuiciamiento penal con la falta de información y argumentos, debido a la reserva de la información presentada por parte de la jueza a cargo de la causa”, afirmó Molina.
Pero para el experto en Derecho Legislativo, Roger Celi, el pleno de la Asamblea vulneró, una vez más, el procedimiento parlamentario, pues lo que realmente existió es falta de voluntad política para permitir el juicio de Abad y no cabe argumentar que les faltó información, ya que lo que es de conocimiento público sobre el caso está en el sistema de la Función Judicial.
La Corte Nacional de Justicia, a través de un comunicado, confirmó que el expediente del caso es de carácter público, al que podían acceder los legisladores, pero no lo hicieron.
Noboa denuncia un “sucio” pacto
El Ministerio de Gobierno, a través su cuenta de X, emitió un comunicado en el que rechazó el accionar de las bancadas de la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y Construye, a las que acusó de mantener un “sucio pacto político, en el que prima la impunidad y los intereses personales y partidarios”.
“La troncha política queda en evidencia. La solicitud de la justicia de levantar la inmunidad a Verónica Abad está clara y motivada. Solo era cuestión de dejar que, como cualquier democracia medianamente estable, los órganos de la función judicial hagan su trabajo”, señalaron desde el Gobierno.
Desde bancadas como la de Construye rechazaron el pronunciamiento del Gobierno, negaron cualquier tipo de acuerdo y señalaron que quien realmente pactó, desde el inicio del actual período legislativo, fue el presidente Daniel Noboa, que se unió al correísmo y al PSC, organizaciones de las que ahora está distanciado.
Además, se acusó al mandatario de autoritario y prepotente, al querer deshacerse de la vicepresidenta que él mismo eligió, para lo que hace campaña con recursos del Estado.
