En el cantón Camilo Ponce Enríquez se vive entre el “miedo y el silencio” por los últimos hechos de delictivos.
Los temas relacionados con la seguridad en el cantón Camilo Ponce Enríquez es una tarea pendiente del Gobierno Nacional del Ecuador.
A pesar de los Estados de Excepción focalizados, las muertes violentas no menguan. Cada semana se registran ataques y asesinatos que han quedado en solo eso: un mero registro.
Y el silencio, que no solo viene de la propia población, sino de las autoridades encargadas que se suponen deben dar respuestas. Y, sin embargo, nada.
Último informe de Ponce Enríquez
El 17 de junio de 2024, desde la cuenta oficial de la Presidencia de Ecuador se informó textualmente.
“El cantón Camilo Ponce Enríquez en Azuay ha sido fuente de financiamiento de “Los Lobos”, a través de la minería ilegal durante años”.
Desde aquella fecha, Santiago Malo, gobernador del Azuay, no ha dispuesto un espacio para dialogar con los medios.
No se han conocido a detalle dicha información. Inclusive, su múltiple agenda ha impedido contar con un espacio de diálogo.
En aquel 17 de junio, se detalló que las Fuerzas Armadas del Ecuador ejecutaron una operación militar.
“Se aprehendió a terroristas de esta organización criminal (Los Lobos)”.
Como resultado, se procedió a la incautación de seis armas de fuego, cinco alimentadoras, 755 municiones, 6 artefactos explosivos y más.
Y como se mencionó en un inicio, la Policía Nacional y Fuerzas Armadas están presentes en este cantón.
Sin embargo, el último crimen se registró la noche del sábado 22 de junio de 2024.
La víctima fue identificada como Carlos Randón, de 31 años, de nacionalidad venezolana.
Su muerte se registró al interior de un night club en el sector Bella Rica, del cantón azuayo. Además, una persona resultó herida.
Análisis de la problemática de la inseguridad en Ponce Enríquez
Wilson Goyes, director de la escuela de riesgos de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), aborda el tema.
El catedrático analiza las medidas tomadas por el Gobierno Nacional, calificándolas como apropiadas y acertadas medidas iniciales.
Esto es respuesta a la violencia generalizada que mantuvo al país en situación de riesgo, al inicio de su mandato a finales del 2023.
“El presidente Noboa firmó una declaración de “Conflicto Armado Interno”, y nombró a 22 bandas criminales como organizaciones terroristas.
Permitió a las autoridades que las Fuerzas Armadas y Policía Nacional intervengan en contra de estos grupos”, recuerda el catedrático.
La medida incluyó el uso de la fuerza progresiva de los elementos uniformados para restablecer el control de las cárceles.
Estado de Excepción en Ponce Enríquez por inseguridad
Los decretos de Estado de Excepción han sido puntuales en áreas donde la delincuencia había encontrado su mejor entorno.
Así se cometían actos delictivos, los mismos que por el accionar de las fuerzas del orden han sido reducidos y minimizados.
Sobre los hechos de inseguridad suscitados referente a los ataques armados a las mineras, tienen en zozobra a los empresarios.
Los presuntos responsables de los ataques a las minas no solo son mineros ilegales. Se han identificado a grupos delincuenciales armados, vinculados a otros delitos como el narcotráfico.
La primera acción sugerida por el especialista en riesgos es declarar zona de seguridad al cantón Camilo Ponce Enríquez. Y luego poner bajo control de las Fuerzas Armadas, a fin de eliminar a los actores ilegales que trafican las concesiones mineras.
Todo esto ha generado una situación de conflicto e inestabilidad.
Seguidamente, hace un llamado a revisar los procesos de adjudicación de concesiones y operaciones mineras.
Para Goyes, el control en el uso de explosivos es fundamental ya que constituyen el combustible de la operación minera.
En el mismo accionar, el especialista sugiere que las Fuerzas Armadas tienen que hacer un rastrillaje de control de armas.
Tanto en la tenencia como en su uso, ya que “también es conocido a Ponce Enríquez por su libertinaje en este tema”.
Entre las medidas que se deberían tomar, se manifiesta la presencia permanente de la fuerza militar en el cantón.
Minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez, parte de la inseguridad
En cambio, entre algunas medidas para contrarrestar la minería ilegal, se hace énfasis en el control de la venta y comercialización de explosivos.
Además, es fundamental establecer una visión diferente de la minería.
Esto sería permitiendo la explotación a empresas que tengan altos estándares técnicos, operacionales, ambientales y responsabilidad social.
Se complementa con la necesidad de establecer y reforzar los procesos para que la comercialización y venta del mineral sean solamente con las agencias del banco central in situ. (REM) (I)
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