Respuestas incompletas, evasivas y en algunos casos abstención de responder, se evidenció en la comparecencia de funcionarios del Hospital de Especialidades “José Carrasco Arteaga” del IESS de Cuenca. La sesión se desarrolló este 25 de junio de 2024 en la Casa Legislativa del Azuay.
Héctor Martínez, gerente general encargado del Hospital; Esteban Villa, director provincial del IESS en Azuay; y Rosa Argudo, secretaria general del Sindicato Nacional Único de Obreros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social comparecieron para responder a acusaciones de presuntas irregularidades en la casa de salud.
«Pídame por escrito», fue la respuesta constante de Argudo ante las preguntas de los asambleístas del Azuay, Adrián Castro, Sofía Sánchez, Leonardo Berrezueta, Diego Matovelle y Gustavo Jara, este último asistió en lugar de Mabel Méndez.
Los legisladores cuestionaron la evasión de respuestas por parte de funcionarios.
Investigación
Los asambleístas cumplen una fiscalización, indagan:
- Denuncias de desabastecimiento de medicinas e insumos para intervenciones quirúrgicas
- Supuestas anomalías en convenios para la instalación de máquinas expendedoras
- Presunto manejo arbitrario de aportes al Sindicato de Trabajadores del IESS
- Supuesto tráfico de influencias y nepotismo.
Ante la falta de respuestas concretas, los legisladores dieron 10 días de plazo para que se respondan los requerimientos por escrito y en 20 días se prevé entregar el informe con las conclusiones y recomendaciones de acuerdo con lo recopilado.
Familiares en IESS
Argudo admitió que cinco familiares suyos trabajan en el IESS, pero expresó que desconoce sobre la compañía Vending Company SAS, que estaría a nombre de una de sus hijas y es la empresa de máquinas expendedoras de alimentos.
Argudo señaló que labora 36 años en el IESS bajo el cargo de Auxiliar de Central de Esterilización, con una remuneración de 1.295 dólares.
Sin embargo, se abstuvo de responder si recibe ingresos por ser secretaria del sindicato de trabajadores, si tiene nueve predios en Quito a su nombre y si permitiría una auditoría al manejo de las finanzas del sindicato de trabajadores.
“Pídame por escrito, le adjunto lo que me pida. No voy a revelar aquí mi vida personal”, afirmó.
Máquinas dispensadoras
Por su parte, Esteban Villa, director provincial del IESS indicó que ha solicitado a la gerencia del hospital, la información sobre el retiro de las máquinas dispensadoras, realizado el 19 de junio de 2024.
De acuerdo con el convenio firmado de 2019 a 2021, Villa indicó que se ha pedido información para examen especial de Contraloría. “Hemos presentado una denuncia hacia Fiscalía para iniciar un proceso de investigación si es que hay o no algún ilícito, las autoridades deben definir”, señaló.
Médicos
Héctor Martínez, gerente encargado y oriundo de Pichincha, indicó que “no es cierto” que haya una persecución a los médicos que protagonizaron el plantón el 17 de junio. “Supuestamente yo estoy pidiendo sanción o separación, no es así”, indicó.
Sobre la “desaparición” de las máquinas expendedoras, señaló que “desconoce”. Pero indicó que ha pedido información a través de la dirección administrativa.
Sobre los casos de presunta “mala práctica profesional” indicó que se debe esperar los informes correspondientes que se están elaborando, así como las denuncias presentadas.
Se conoció también que el presupuesto del hospital es de 74 millones de dólares, del cual, está ejecutado el 34 %.
Proceso de fiscalización
Los asambleístas azuayos, en sus funciones de control y fiscalización, han efectuado el requerimiento de información a los funcionarios del IESS de Cuenca ante supuestas anomalías.
Santiago Machuca, constitucionalista, explicó que sobre la base de lo recopilado se podrá transferir las denuncias ante las autoridades competentes. En este caso, Contraloría o Fiscalía General del Estado.
“Elaborarán un informe y este podrá determinar que sea trasladado como denuncia a las autoridades competentes, incluso que se ponga en conocimiento de las máximas autoridades del IESS para que tomen correctivos pertinentes, eso podría derivar en la separación del cargo de ciertos servidores”, aseguró.
Asimismo, Machuca recordó que cualquier persona está en la capacidad de presentar una denuncia en Fiscalía, si tiene el conocimiento de un delito.
“El Código Orgánico Integral Penal establece que ciertas personas están obligadas a denunciar, sobre todo en el caso de servidores públicos”, aseveró.
Agregó que, las sanciones que se apliquen depende del delito y de los agravantes, de acuerdo como esté tipificado en el COIP.
Por ejemplo, el artículo 285 del COIP establece pena privativa de libertad de tres a cinco años a quien, aprovechando su influencia real o simulada ante un servidor público, obtenga una resolución que le genere beneficio económico a él o a terceros.
“Hay que considerar que se puede hablar de cometimiento de delito cuando ya se haya agotado la investigación en Fiscalía General del Estado y un juez haya determinado la culpabilidad”, acotó Machuca.
Segundo caso de presunta negligencia
En medio de esta investigación salió a la luz un segundo caso de presunta “negligencia”. Este corresponde a María Emilia, una menor de 15 años con discapacidad. A ella le diagnosticaron en el Hospital Materno Infantil “una masa de aproximadamente ocho centímetros”.
“Dijeron que era un tumor (en el ovario) que tenía que ser extraído”, indicó la madre de la niña, quien acudió porque la joven presentaba infección de vías urinarias. Los chequeos se efectuaron entre el 21 y 23 de mayo.
La madre fue a emergencia en el Hospital “José Carrasco Arteaga” del IESS en Cuenca. Y el 28 de mayo a las 14:00, la niña fue ingresada a quirófano. “Después el médico me indica que, hemos intervenido, pero no se encuentra ningún tumor”, señaló la madre a la prensa.
La explicación que le dieron fue que, “el error fue de Imagenología”. María Emilia está con tratamiento para la infección de vías urinarias, que era lo que tenía inicialmente. “Quién nos da repuesta ante lo que ella sufrió sin necesidad, porque no requería una cirugía”, se preguntó la madre. (I)
DATOS
- Rosa Argudo admitió que cinco familiares suyos trabajan en el IESS en Cuenca, pero se abstuvo de responder si recibe ingresos por ser secretaria del sindicato y si tiene nueve predios en Quito a su nombre.
- Médicos del Hospital “José Carrasco Arteaga” protagonizaron un plantón el 17 de junio, en el que denunciaron la falta de medicinas, insumos y dispositivos para realizar procedimientos quirúrgicos.
- El IESS ha integrado una comisión que investiga el caso de una niña de 12 años, que ingresó por una fractura de epífisis de tibia izquierda y por un error, la operaron la tibia derecha, el pasado 8 de junio.
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