¿En cuánto tiempo deberá abandonar el país Alondra Santiago?

Este vence sábado 29 de julio del 2024 vence el plazo que la Cancillería ecuatoriana le dio a la periodista cubana Alondra Santiago para iniciar con el trámite de su deportación del país, debido, según explicó la autoridad, a que un informe de Inteligencia establecería que la comunicadora habría atentado contra la seguridad del Estado.

Desde su defensa, Santiago Soria advierte que iniciará acciones constitucionales para evitar que Alondra Santiago sea expulsada del país; sin embargo, expertos señalan la potestad discrecional que tienen los estados para retirar el estatus migratorio de cualquier extranjero que viva en Ecuador.

En una entrevista que Soria dio a la radio Pichincha, especificó que Santiago no puede ser detenida y deportada en cinco días, pues el acto administrativo por el que se revocó su visa todavía no está ejecutoriado y en lo que queda de tiempo esperan ingresar una acción constitucional con la que frenen el proceso.

La defensa de Alondra Santiago ingresará un habeas data, con el que pedirá conocer las razones por las que el Gobierno tomó la decisión en contra de la periodista; a la cual se sumará un pedido de medidas cautelares, para frenar el proceso de deportación.

Sin embargo, Esteban Santos, experto en Relaciones Internacionales, advierte que todo estado libre y soberano tiene la potestad discrecional de retirar el estatus migratorio de una persona extranjera y ni siquiera tiene que darle explicaciones; Santiago sí puede apelar la medida, pero previamente debe abandonar el país.

Aunque el experto ve una posibilidad, la periodista contaba con una visa de amparo, que se la otorgaron con base a que su madre es ecuatoriana y existe jurisprudencia que una persona en esa condición no debe ser deportada, sin embargo, insistió el experto, la potestad final es del Estado.

Las verdaderas razones de la medida

Aunque la Cancillería y el Ministerio de Interior justificaron la medida de deportar a Santiago del país con base a una alerta de Inteligencia que estableció el peligro que la periodista implicaría para la seguridad del Estado; ciertas acciones del Gobierno hacen pensar que las razones son otras y están relacionadas con el activismo político de la comunicadora.

Mientras el discurso oficial se encaminó a defender la medida, argumentando que Alondra Santiago vulneró la seguridad del país; por otro lado, Rosie Torres, subsecretaria de Gestión Gubernamental felicitó a la Cancillería por la decisión tomada, “como un tema de ratificación del respeto a los símbolos patrios”.

Es que el 31 de mayo del 2024, en su programa Los Ingobernables, que se transmite por redes sociales, Santiago realizó una parodia, empleando el himno nacional, en la cual criticó al Gobierno de Noboa; lo que, según Torres, habría sido la real razón para querer sacarla del país.

Lo dicho por la subsecretaria de Gestión Gubernamental concuerda con una cadena nacional, emitida por el Gobierno la noche del 25 de junio, en la que, tras un mensaje para pedir respeto por este símbolo patrio, se procedió a reproducir todo el himno nacional, con imágenes del trabajo gubernamental.

“Se desnuda el Gobierno por lo que es, una persona que está ejerciendo el poder de manera autoritaria, que quiere poner en contra de Alondra el aparataje institucional, por el hecho de que haya cantado el himno, esto es un abuso de poder, eso se demuestra cuando en una cadena ponen el himno y dicen que el Ecuador resuelve, resuelve expulsar periodistas”, afirmó el abogado de Santiago.

Apoyo y rechazo a la deportación de Alondra Santiago

Según un estudio realizado por Centro Estratégico de Gestión de Riesgo Político, Péndulo, lo sucedido con Alondra Santiago generó un fuerte tráfico en redes sociales, convirtiéndose en tendencia en las ocho horas siguientes a conocerse la noticia.

El tema fue tratado por una audiencia de 11,6 millones de usuarios que participaron en la conversación, que sobrepasaron al 3,2 millones que interactuaron sobre la Copa América y el 1,2 millones que se buscaron información sobre la Eurocopa.

La mayoría de las opiniones se hicieron a favor de la decisión del Gobierno de expulsar a Alondra Santiago, el 47,36 % calificó a la decisión como positiva, el 35,49 % dijo que era negativa y el 17,15% mostró una actitud neutral.

La polaridad se hizo más evidente en Facebook, donde, de 5,8 millones de interacciones, el 49,13 % se mostró a favor de la expulsión de la periodista y solo el 13,24% estuvo en contra; mientras que en Instagram se evidencia menos interés de pronunciarse a favor o en contra, el 51,46 % de los usuarios tuvo una posición neutra.

¿Se sanciona a la periodista o a la activista?

En redes sociales y entre los escenarios de opinión del país el debate se centró en una pregunta: ¿El Gobierno sancionó a la periodista, lo cual significaría una violación a la libertad de expresión, o castigó a la activista política? Alondra Santiago está abiertamente relacionada con el correísmo.

César Ricaurte, director de Fundamedios, organización encargada de la defensa de la libertad de expresión en el país, aceptó que este debate también lo hicieron al interno y llegaron a la conclusión que, más allá de si se comulga con las ideas de Santiago, se debe defender su derecho a expresar lo que piensa.

“Nos preocupa que lo sucedido no es lo primero, existen presiones para el cierre de medios, está la reacción desmedida a la entrevista en el The New Yorker y el uso de los medios incautados para desacreditar a la vicepresidenta; todas estas acciones son propias de regímenes autoritarios, es importante levantar la alerta, no podemos permitir que vivamos un nuevo régimen autoritario, en el que los periodistas fueron perseguidos, en el correato”, afirmó Ricaurte.

Fundamedios emitió una alerta ante lo sucedido con Alondra Santiago, la cual se hizo pública en redes sociales y además, como explicó Ricaurte, es enviada a los organismos defensores de Derechos Humanos y de la Libertad de Expresión, para que tomen acciones en este caso.

Andrea Salazar

Periodista multimedia especializada en temas políticos, judiciales, económicos y de migración con enfoque nacional.

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