Se avizora un conflicto agudo en torno al pretendido otorgamiento de la licencia ambiental para continuar con el proceso de explotación del proyecto minero Loma Larga (Quimsacocha), localizado en territorios de los cantones Cuenca, Girón y San Fernando.
La licencia debe ser entregada por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE).
El proyecto está suspendido por decisión judicial, tras la acción de protección planteada por varias organizaciones campesinas defensoras del agua.
La Corte de Justicia del Azuay, como parte de su sentencia, mandó a elaborar un informe técnico relacionado con la sustentabilidad del ecosistema en al Área Nacional de Recreación Quimsacocha, donde se originan fuentes de agua.
Dicho informe debía elaborarse de manera conjunta entre el MAATE y ETAPA EP, la empresa municipal encargada de garantizar el abastecimiento del agua a Cuenca.
Empero, en un momento dado y sin dar a conocer los motivos, el equipo técnico de ETAPA EP fue relegado por el citado Ministerio.
Aquella es una actitud irresponsable por decir lo menos, de irrespeto a Cuenca y a sus instituciones.
El gobierno, a juzgar por algunos hechos y declaraciones, está decido a seguir adelante con los proyectos mineros a gran escala, entre ellos el de Loma Larga.
De alguna forma, eso habría influido en la decisión del MAATE para hacer a un lado a ETAPA EP, cuyo informe, no obstante, fue presentado con varias conclusiones. Una de ellas, tajante: hay incompatibilidad entre los trabajos de minería con el suelo del páramo.
Fue presentado a los jueces, pero la Procuraduría lo considera improcedente y les pidió no considerarlo.
No se hizo esperar la protesta de las organizaciones campesinas, de las autoridades seccionales, dispuestas, según han expresado, a tomar acciones contundentes en defensa del agua cuya carencia, ahora mismo, es evidente, aunque lo ignore cierta burocracia.
La disyuntiva apunta a optar o por el agua o por el oro.
