Fernando Alvarado fue sentenciado a 5 años de prisión por peculado

Fernando Alvarado y Patricio Pacheco, exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa, fueron sentenciados a 5 años de prisión por peculado.

Fernando Alvarado, ex secretario de comunicación fue sentenciado a 5 años de prisión por peculado. Foto Internet

El exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado y el exsubsecretario de la SECOM, Patricio Pacheco, fueron sentenciados a 5 años de prisión por el delito de peculado. Ambos fueron funcionarios en el gobierno de Rafael Correa.

Además, como cómplice, Carlos Bravo fue sentenciado a 1 año y 8 meses de cárcel, y Pablo Yánez, a la pena reducida de 1 año de prisión (cooperador eficaz), en calidad de coautor.

La sentencia fue dictada la tarde de este miércoles 18 de septiembre de 2024, en la Corte Nacional de Justicia. El juez encargado también ordenó el pago de 225 mil dólares como reparación integral.

Fiscalía dice que Alvarado incumplió medidas cautelares

La Fiscalía ha subrayado que Alvarado no cumplió con las medidas cautelares establecidas por un juez.

Estas incluían la obligación de presentarse cada 15 días en una Unidad Judicial del Guayas, así como la prohibición de salir del país y la instalación de un dispositivo de vigilancia electrónica.

Estas medidas fueron impuestas al exfuncionario el 9 de agosto de 2018 durante la audiencia de formulación de cargos por un presunto delito de peculado.

¿Por qué fue procesado Fernando Alvarado?

Alvarado fue procesado debido a que, en su calidad de secretario de Comunicación, aparentemente inobservó normas legales en contratos, ocasionando un perjuicio al Estado por 259,000 dólares.

¿Qué es el delíto de peculado?

El delito de peculado, según el artículo 273 del COIP, se refiere a la acción de servidores públicos que, abusando de su potestad estatal, se apropian, distraen o disponen arbitrariamente de bienes, dineros públicos o privados en beneficio propio o de terceros.

En esencia, se considera peculado cuando un funcionario público, al ejercer sus funciones, disipa recursos del erario público con la intención de causar daño, violando su deber de lealtad y responsabilidad hacia el Estado.

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