Los grupos de delincuencia organizada, considerados por el Gobierno como terroristas, podrían intensificar sus ataques criminales tanto en estos tiempos preelectorales como durante la campaña política.
Y dentro de esa potencial vorágine, hasta querrían atentar contra la vida de los candidatos a la presidencia de la República.
“El fin justifica los medios” reza una antigua idea. Si el actual Gobierno los enfrenta con todos los medios a su alcance, y la Policía y el Ejército, como parte fundamental de esa estrategia, no los pierde de vista, al contrario, los detienen in fraganti, pretenderían demostrar cuan fuertes están.
Y, de paso, hasta querer influir en la campaña; pues, como ya casi nada escandaliza en este país, algunos de esos grupos tendrían lazos bien profundos con cierta clase política, condescendiente, además, de la minería ilegal, poderosa en provincias claves para esta actividad perversa.
Esto no implica aprobar del todo la lucha antidelictiva del Gobierno, cuyas falencias son visibles, y por eso el crimen no da tregua, en especial en las provincias consideradas como las más peligrosas, en cuyos territorios se esconden cientos y cientos de delincuentes, suficientes como para sembrar pánico en la población.
Además, la industria del narcolavado, comandada por los “peces gordos”, intocables y, quién sabe, hasta financistas de campañas, sigue a sus anchas y con ganas de acelerar la violencia.
Tampoco implica no reconocer el trabajo realizado; pues, como hemos sostenido, el Estado se enfrenta a verdaderos cárteles narcocriminales, en cuyas fauces caen hasta menores de edad dada su condición de marginalidad, así como políticos adictos al dinero fácil, y hasta ciertos jueces y fiscales.
No se puede confiar y no tomar los debidos recaudos durante la campaña electoral.
“No hay crimen sin colusión”, mucho peor en el mundo de la narcodelincuencia, ávida de tener poder político.
