La falta de comunicación institucional anticipada y bien estructurada o, si la hubo, la poca percepción del mensaje, ha llevado a la confusión y reclamo de los contribuyentes de los impuestos prediales en Cuenca.
No pocos reclaman por el rubro “ingresos no especificados”, descrito también como “otros”. A simple vista, el vaciamiento de estos términos conduce a la desinformación, cuando no, a “quedarse en el aire”.
Ya ocurrió en 2024. La historia vuelve a repetirse.
Se trata de la “recuperación de valores”, dispuesta por la Contraloría General del Estado. Entre 2018 y 2023, las administraciones municipales respectivas aplicaron un descuento del 10 % a las obras de beneficio general y contribución especial de mejoras.
Ninguna norma jurídica determina tan gracioso descuento cuando se trata de esas obras, así calificadas por el Concejo Cantonal, previo informes técnicos y económicos.
La Contraloría exigió la recuperación de aquella rebaja. Y, guste o no, debe hacerlo la municipalidad. Los contribuyentes, teóricamente beneficiados, solo tienen una opción: pagar.
Por eso mismo se debe informarles con la debida anticipación; igual, como ocurre ahora, sobre las obras ejecutadas con cargo a contribución especial de mejoras, un impuesto mediante el cual la municipalidad recupera las inversiones efectuadas sea mediante recursos propios o de créditos.
Las obras las construyen los ciudadanos. Tarde o temprano pagan por ellas en 2,4, 5 o 6 años. Por ello, atribuirse su autoría colocando letreros románticos por el hecho de planificarlas y buscar financiamiento no es justo.
Cuenca construye este parque, o este puente, o reconstruye esta escalinata, o pavimenta esta calle, debieran decir esos letreros. ¿O no?
Ojalá los funcionarios de la época explicaran las razones para haber aplicado los susodichos descuentos, con los cuales aparecieron como dadivosos o imbuidos por ese estribillo politiquero “de no meterle las manos al bolsillo del pueblo”. Nada más falso.
