No parece tener salida el problema relacionado con la pretendida explotación minera en el proyecto Loma Larga.
El lío jurídico se tensa más, justo donde una sentencia constitucional es motivo de interpretaciones opuestas.
De un lado, el Ministerio de Energía y Minas, el 11 de enero de 2025 pretendió realizar la consulta ambiental dispuesta por la Corte Provincial de Justicia del Azuay en la comunidad de Escaleras, ubicada en las parroquias Tarqui y Victoria del Portete.
No le fue posible por la intervención de personas, claramente opuestas a la explotación minera en una zona donde, según argumentan, se originan varias fuentes de agua, cuyo ecosistema es frágil, y su eventual contaminación ocasionará fatales consecuencias.
Pues, en los páramos de Quimsacocha nacen los ríos Irquis, Portete, Zhucay, Tarqui, Yanuncay, Zhuucay y Rircay.
De acuerdo a los opositores, para cumplir aquel intento se llevó a unas 20 personas de otros sectores, excluyendo a los auténticos pobladores, no solamente de las susodichas comunidades, también de Girón y San Fernando, quienes, según lo sostienen, deben ser consultados, incluso los de Cuenca.
Su argumento gravitante se relaciona a la consulta popular efectuada en febrero de 202. Más del 80 % del cantón Cuenca se pronunció por la prohibición de la explotación minera en las zonas de recargas hídricas de los ríos Tarqui, Yanuncay, Tomebamba, Machángara y Norcay.
Para la concesionaria y, se supone para el gobierno, este resultado no es aplicable, pues jurídicamente no tiene efectos retroactivos, y así lo estableció la CC.
Para los opositores, el pronunciamiento popular es suficiente; además, la otra consulta dispuesta por el Tribunal sólo se puede realizar en el marco de una ley orgánica que la regule. Hasta el momento, no existe esta nueva norma.
El Concejo Cantonal de Cuenca, por unanimidad aprobó una resolución para exigir se respete la voluntad popular.
Tan complejo lío jurídico, ¿va para largo?
