El presidente Daniel Noboa remitió a la Corte Constitucional (CC) su cuarta propuesta de reforma parcial a la Constitución, en sus 15 meses en funciones; que esta vez tiene como objetivo el obligar a los jueces a dictar prisión preventiva para las personas investigadas por delitos relacionados con terrorismo o crimen organizado.
La solicitud de Noboa deberá ser sometida a control previo de la CC, si esta emite un dictamen favorable, pasará a la Asamblea Nacional para su tratamiento en dos debates; solo si el Legislativo la aprueba, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tendrá 45 días para llamar a un referéndum, para la aprobación o rechazo de los ciudadanos.
La pregunta que el presidente propone es: ¿Está usted de acuerdo que, por razones de combate al terrorismo y crimen organizado, según los casos y condiciones que determine la ley, se establezca la obligatoriedad de la prisión preventiva como medida cautelar de carácter personal?
¿Para qué delitos será la prisión preventiva obligatoria?
El primer mandatario enviará a la Asamblea Nacional el proyecto de reforma del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en la que se especificarán los casos en los que la prisión preventiva será obligatoria, cinco días después de que se publiquen los resultados, en caso de que gane el referéndum.
Sin embargo, en el argumento de la solicitud a la CC se anticipan algunos delitos en los que la prisión preventiva será obligatoria: terrorismo y su financiación; producción y tráfico ilícito de drogas, delincuencia organizada, sicariato, tenencia y porte no autorizado de armas, municiones o componentes de uso privativo de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, entre otros.
Según el presidente, la prisión preventiva garantizará de mejor manera la presentación del imputado o acusado en el proceso, pues se trata de delitos que “representan un alto riesgo de fuga” y que requieren “una respuesta eficaz y eficiente para su procesamiento y prevención”.
Una medida inconstitucional
Para Paúl Ocaña, presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, el endurecimiento de la prisión preventiva vulnera varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establecen que no se la puede aplicar de acuerdo con el tipo de delito, pues se convierte en un anticipo de la pena.
“No importa el delito, ni la pena, la prisión preventiva no puede ser una medida anticipada de sentencia, no puede ser abusiva; el que una persona sea procesada por los tipos penales a los que se hace referencia, no quiere decir que es culpable y si resulta inocente, luego es el Estado al que le toca pagar, es decir, de nuestros impuestos”, puntualizó Ocaña.
Adicionalmente, el dirigente recalcó que, pese a que el año pasado se incrementaron las penas para ciertos delitos hasta en un 333 %, tras la consulta popular, esto no significó la disminución de los delitos.
“Lo que se pretende es inconstitucional e ilegal, lo más seguro es que no pase el filtro de la Corte Constitucional; no se trata más que de un populismo penal, porque estamos a puertas de una elección”, afirmó Ocaña.
Advertencia de la Corte
En el Dictamen 8-24-RC/24, del 21 de noviembre del 2024, la Corte no solo le negó a Noboa el dictamen favorable para retirar a los presos de los grupos prioritarios para el Estado, sino que también le llamó la atención por la recurrencia con la que ha activado el mecanismo de enmienda y reforma parcial de la Constitución y le recalcó que este tipo de acciones no se pueden usar a “conveniencia política”.
El constitucionalista José Chalco coincide en que, como señaló la CC, existe un abuso del ejercicio de la potestad de pedir reformas a la Constitución, que pueden ser aisladas, respuestas a momentos políticos y no una visión integral de la política criminal.
Además, el experto consideró que, en este caso, lo que corresponde es una reforma a la ley y no a la Constitución, por lo que se la debería trabajar directamente con la Asamblea Nacional.
