El gobernador del Azuay, el prefecto y el alcalde de Cuenca se enfrascan en una polémica con ingredientes variopintos.
La decisión del Ministerio de Energía, el mayor accionista de Elecaustro, de cesarles al alcalde y al prefecto de las funciones de presidente y vicepresidente de esta empresa, rebasó, al parecer, lo inaguantable.
Son decisiones técnicas del Ministerio, dice el gobernador; pero la sazona con una precisión. Hay un contrato, suscrito con una sola empresa, por USD 300 mil para difundir las acciones de Elecaustro.
Ese contrato, lo intuimos, lo habría firmado el entonces gerente de la empresa generadora. La actual administración debe transparentarlo para evitar suspicacias, en especial, para conocer el objetivo de tal difusión.
Para suscribirlo, ¿cuál fue el rol del prefecto y del alcalde? En este caso, no deben quedar cabos sueltos, y estas autoridades deben explicar.
Sobre la autoridad provincial, la reacción del gobernador tiene otro dardo. Ha invertido –dice- alrededor de USD 1,8 millones en publicidad y fiestas. Esto, todo Azuay lo sabe.
Aquella es la respuesta a la queja del prefecto; pues el Gobierno, cuyo representante en la provincia es el gobernador, le adeuda al GAD del Azuay. Advierte con suspender varias obras en ejecución o están en proyecto.
Para el gobernador, el prefecto quiere endosar al Régimen su falta de priorización, sus gastos superfluos; y desde Finanzas sí le han transferido rentas, si bien hay otras pendientes, pagables según ingresen los recursos a las arcas del Estado.
Lo adeudado sería USD 10 millones. El prefecto convocó a la Cámara Provincial para analizar la situación. Resolvió, entre otras cosas, convocar a Asamblea Provincial si no mismo se paga.
Para el Gobernador, sin desconocer la deuda pendiente, la posición del prefecto tiene interés electoral.
Coincidencia o no, los reclamos, justos por su puesto, emergen en plena campaña electoral, en la cual es complicado separar las cosas.
