Una de las características de una democrática plena es la independencia de los órganos de control, que forman parte del Estado, de las otras instancias del poder estatal, tales como el Ejecutivo y el Legislativo. Este es el caso, por ejemplo, de la Fiscalía que, en representación de la sociedad, están para combatir los delitos indistintamente de donde estos provengan, incluidos los que provengan del poder político de turno.
En el caso de Ecuador, si es que se analiza con objetividad y sin sesgos ideológico-políticos, se puede concluir que las Fiscalía General, desde el Gobierno de Correa hasta el Gobierno de Noboa, no se ha caracterizado por ser independientes de los Gobiernos de turno. Si durante el régimen correísta la Fiscalía de Galo Chiriboga fue funcional a los intereses políticos de dicho régimen; durante los regímenes de Moreno, Lasso y Noboa la Fiscalía de Diana Salazar también asomaría funcional a los intereses políticos de estos. La designación de Salazar como embajadora de Ecuador en Argentina, realizada por Noboa según se conoce desde hace 15 meses, daría cuenta precisamente de esos nexos políticos.
En este contexto, si bien hay que reconocer la lucha permanente y efectiva de la hoy ex Fiscal General Diana Salazar en contra de los casos de corrupción que involucran a ex funcionarios del régimen correísta (casos como “arroz verde” o “reconstrucción de Manabí”); sin embargo esa misma lucha no se vio en los casos de corrupción denunciados en contra de los Gobiernos de Moreno ( como el caso INAPAPERS), de Lasso (como el caso “Encuentro”, León de Troya), de Noboa (como los casos PROGEN, PetroNoboa, chalecos antibalas). Incluso, si por presión de sectores de la opinión pública, se abrieron procesos de investigación en algunos de esos casos, los mismos no avanzaron o terminaron archivados.
También, si bien se abrieron procesos para combatir la penetración de las mafias del narcotráfico en la Justicia (como “Metástasis”), faltaron procesos en contra de los grandes capos de esas mafias, de las infiltraciones de estas en la Fuerza Pública, del lavado de activos, etc. Lo que no faltaron fueron los allanamientos publicitados y divulgaciones de chats, especialmente cuando afectaban a ciertos actores políticos de oposición. (O)
