Dicen algunos que ha actuado con dedicatoria. Otros, que ha sido instrumento de no sé qué, para no sé qué más. También manifiestan que ha servido a tal o cual grupo. Sostienen que tuvo errores, y más. No faltan quienes insultan, discriminan y amenazan.
Yo discrepo enteramente de esos criterios. Y lo justifico.
El rol de una fiscal general del Estado implica una responsabilidad de interés nacional. Seamos claros: el Estado requiere un funcionamiento organizado, dentro del marco del orden jurídico, respetuoso de las normas vigentes y fundado en su institucionalidad. Si se quiere, el Estado necesita actos de Estado; una mirada de defensa a la Patria, de depuración de sus instituciones y de la propia sociedad. No se trata de dedicatorias, sino de acción. No es instrumento, sino deber. Mucho menos es servicio para alguien, sino exclusivamente para los intereses del país. ¿Errores? Yo diría: talla de virtudes.
Sigamos. El deber de la Fiscalía es, constitucionalmente, dirigir de oficio o a petición de parte la investigación preprocesal y procesal penal, con especial atención —dice la Constitución— al interés público y a los derechos de las víctimas. Repito: con especial atención.
Entonces, el interés público, la tutela de los bienes públicos, de la fe pública, de la res publica (la cosa pública), se ejerce justamente desde la investigación y posterior acusación a bandas y bandidos que, como funcionarios públicos o en ejercicio de influencia ante ellos, podrían haber delinquido. ¿Está claro?
Metástasis, Purga, Plaga, CasoSobornos, Independencia Judicial, Reconstrucción de Manabí, Sinohydro, Vocales, Celu, Pantalla y otros, claro que implican interés estatal y especial atención a lo público frente a lo particular. Entender aquello exige talla de Estado; una mirada patriótica, en la que el Derecho se entiende como un instrumento al servicio de la sociedad, y no como vehículo de impunidad para las bandas y los bandidos.
Indubitablemente, la Fiscal hizo Patria. (O)
