Este 14 de junio del 2025 se cumple el primer mes del actual período de la Asamblea Nacional y en este tiempo se han dado dos hechos que dejan ver el futuro que tendrá la fiscalización en el Legislativo en los próximos cuatro años, en los que las autoridades del Ejecutivo estarían prácticamente blindadas de un proceso de juicio político.
Lo primero ocurrió el lunes 9 de junio del 2025; la Comisión de Fiscalización, al no tener los votos para calificar el juicio político en contra del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, archivó el proceso que se le inició por presunto incumplimiento de funciones, a consecuencia de la desaparición forzada de cuatro niños en la ciudad de Guayaquil, conocido como el caso Malvinas.
Lo segundo ocurrió en el seno del pleno de la Asamblea Nacional, el miércoles 11 de junio, el asambleísta Blasco Luna, de la Revolución Ciudadana (RC) intentó modificar el orden del día para fiscalizar las supuestas irregularidades detectadas en los contratos de energía térmica entre Progen y la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec); pero no se alcanzaron los 77 votos necesarios para incluirlo en la agenda.
Sin posibilidad de fiscalización
Para Blasco Luna, lo ocurrido, tanto en la Comisión de Fiscalización, como en el pleno, es una muestra de lo que se espera para los próximos cuatro años, en los que será imposible fiscalizar el trabajo de los ministros, sin contar con los votos los tiene ADN.
“El bloque de la impunidad de ADN y aliados, entre ellos unos ponchos dorados (Pachakutik voto con el oficialismo), no dieron paso a este cambio en el orden del día, tratando de tapar y que quede en la impunidad todos estos contratos mal suscritos y que tendrían irregularidades y pérdidas millonarias para el país, no solo por el costo, sino porque el estiaje está cerca y no se tiene la energía que se necesita”, señaló Luna.
Aunque en la mayoría de las votaciones han participado junto al oficialismo, desde el Partido Social Cristiano (PSC) no estuvieron de acuerdo con que no se permita fiscalizar el contrato con Progen, sobre todo, porque ha sido el propio Gobierno el que ha denunciado este caso.
“Se quería fiscalizar algo que ha sido denunciado por los medios de comunicación y por el propio Gobierno, los generadores de Progen, por qué oponerse a que comparezca la ministra a informar al país, es incomprensible (…) Criticaron tanto al correísmo y se llamó a la Comisión de Fiscalización, comisión de archivo, pero ahora hacen lo mismo, el juicio al ministro debió pasar al pleno”, afirmó Alfredo Serrano, del PSC.
Fiscalización a la carta se terminó en la Asamblea
Para la asambleísta Nataly Morillo (ADN), quien integra la Comisión de Fiscalización, el proceso en contra del ministro de Defensa no tenía sustento, pues se pretendía sancionar por las acciones de los funcionarios, cuando los militares que serían responsables de la desaparición de los niños están siendo investigados penalmente.
“Por un tema no podemos englobar y decir que es una comisión de archivo, que no se va a fiscalizar. En este momento tenemos temas urgentes, esa Asamblea del revanchismo, del odio, de la persecución y de la fiscalización a la carta se terminó, en este momento necesitamos trabajar con base a las necesidades que tienen los ciudadanos”, recalcó Morillo.
Blindados de un juicio político
Aunque obtener los 77 votos que permiten enjuiciar políticamente a ciertas autoridades resulta difícil en este momento, porque el bloque de Acción Democrática Nacional (ADN) posee la mayoría, conseguir la votación para procesar a los miembros del Ejecutivo es prácticamente imposible, así lo considera Roger Celi, experto en Derecho Legislativo.
“Conseguir los 101 votos para enjuiciar a un ministro es impensable, porque sería ADN votando en contra de sus propios ministros; con la actual conformación de la Asamblea el Ejecutivo está prácticamente blindado ante la posibilidad de un proceso de fiscalización”, recalcó Celi.
Para el experto existe otro tema preocupante, es la injerencia que el Ejecutivo puede tener en otros organismos, principalmente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), que elige autoridades que, si no son del gusto del Gobierno, los consejeros podrían ser destituidos con solo 77 votos, con los que el oficialismo cuenta.
