Violación, asesinato, robo agravado, robo con muerte, tráfico de drogas y hasta abuso sexual contra una hija. Estos son algunos de los delitos cometidos por los 28 presos que se beneficiaron de prelibertad o régimen semiabierto emitidos por el juez B.F.R.C., destituido de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias de Cuenca.
El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) destituyó al magistrado el martes 17 de junio de 2025, al determinar por unanimidad que incurrió en una infracción disciplinaria gravísima: error inexcusable.
Rubén Calle, presidente del Colegio de Abogados del Azuay, señaló que el juez no actuó conforme a las pruebas ni protegió el interés público, como lo exige el Código Orgánico Integral Penal.
“Lo hizo de forma reiterada (otorgar beneficios penitenciarios sin cumplir los requisitos legales) y esto podría implicar no solo falta de diligencia, sino posibles actos de corrupción”, indicó a El Mercurio.
Depuración
Calle hizo un llamado a una depuración y fiscalización dentro de la Función Judicial. “La administración de justicia en Azuay siempre ha sido reconocida, pero también cuenta con malos elementos. Hay intereses contrapuestos entre jueces o tribunales”, dijo.
Advirtió que hay otros casos que aún no han sido investigados. “En Azuay hemos conocido de actuaciones cuestionables también por parte de fiscales. La falta de pruebas ha dificultado formalizar denuncias, pero como gremio hemos insistido en la fiscalización”, dijo.
El presidente del Colegio también cuestionó el sistema de control del Consejo de la Judicatura, dado que el juez emitió 28 decisiones. “El Consejo tiene muchos procesos disciplinarios abiertos, pero parece que no siempre se da prioridad a los casos más graves”, indicó.
Sobre la figura del “error inexcusable”, detalló que se trata de una causal de destitución prevista en el Código Orgánico de la Función Judicial. Esta es aplicable cuando un juez falla contra derecho de forma reiterada.
“Se falla contra derecho y en este caso a sabiendas por que es reiterativo, no sólo es casual de destitución por parte del Código de la Función Judicial, sino que podría verse involucrado en delito de prevaricato», advirtió.
Calle señaló también que la destitución del juez ocurre en un momento de alta sensibilidad en materia de seguridad en el país, donde se investigan posibles vínculos entre operadores judiciales y estructuras criminales.
Y es que, el 12 de junio de 2025, el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Fernando Cantos, dictó auto de llamamiento a juicio contra Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, por asociación ilícita.
Consecuencias
La resolución de destitución del juez B.F.R.C. indica que concedió beneficios penitenciarios sin respaldo técnico ni jurídico, invocando criterios subjetivos al margen de la ley.
Entre los beneficiarios constaban personas condenadas por delitos de extrema gravedad. Entre ellos, el caso de un violador sentenciado a 25 años de cárcel por el abuso de la joven universitaria Gaby D., ocurrido en 2013. La víctima se quitó la vida al año siguiente, tras las secuelas del ataque. Esta liberación fue uno de los hechos que motivó la denuncia inicial.
Los legisladores azuayos Sofía Sánchez, Adrián Castro, Leonardo Berrezueta y Diego Matovelle presentaron la denuncia que dio origen al proceso el 17 de diciembre de 2024.
El legislador Adrián Castro, resaltó la decisión de destitución tomada por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Comentó que fue la madre de la joven quien le envío una carta para que se hiciera justicia.
“Un juez que liberó a criminales sentenciados ya fue destituido. En las próximas semanas, dos más seguro dejarán los juzgados para nunca más volver”, declaró.
Castro también anunció que las autoridades investigarán a otro juez, en Riobamba, por un caso similar vinculado al agresor de Gaby D. (I)
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