Difícil dilucidar si las acciones emprendidas por actores políticos en contra del alcalde Cristian Zamora y del prefecto Juan Cristóbal Lloret se relacionan o no con una precampaña en cuyo horizonte están las elecciones seccionales de 2027.
La administración de Zamora ha sido dura y estratégicamente “golpeada” con las protestas organizadas por sectores rurales, cuya máxima expresión se dio con el cierre de la vía Cuenca-Molleturo-Puerto Inca.
Esa reacción popular obligó al alcalde a realizar mesas de diálogo, encaminadas a destrabar la discusión generada tras la aprobación, por parte del Concejo Cantonal, de reformas a dos ordenanzas municipales.
En medio de esa tensión, asambleístas del Gobierno denunciaron una supuesta direccionalidad para otorgar a una misma empresa la construcción de tres hospitales con un presupuesto estimado en alrededor de USD 21 millones.
La Contraloría tendrá la última palabra. Pero la ejecución de las obras sigue adelante.
De inmediato, un exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana, destituido por la anterior Asamblea Nacional tras un juicio político, ha denunciado al alcalde Zamora por presunta infracción electoral, al apoyar, usando su cargo, a un candidato presidencial en 2023. La sanción, para estos casos, prevé la destitución del denunciado o, cuando menos, ofrecer disculpas públicas, tal como ocurrió con el burgomaestre de Quito, Pavel Muñoz.
El denunciante, se podría entender, ha emprendido una cruzada nacional con este tipo de acciones legales, siendo el alcalde de Guayaquil otro de sus “blancos”, aunque no ha obviado su simpatía con el Gobierno, cuya meta política apuntaría a ganar las alcaldías de las tres ciudades más importantes del país.
Zamora así lo entiende. Igual el prefecto Lloret contra quien arremete el alcalde de un cantón azuayo.
Son golpes mediáticos, sobre todo políticos y, de alguna manera, ponen “en aprietos” a dichas autoridades.
