La crisis del Consejo de la Judicatura (CJ) toca fondo.
¿Hay algo concertado para llevarlo a tal postración, de la cual se quiere sacar provecho?
Su proceso de renovación está empantanado desde hacía más de seis meses.
No están claras las razones por las cuales el Ejecutivo pospone el envió de la terna al Consejo de Participación Ciudadana para escoger a quien debe representarlo en el CJ,
La terna enviada, con aquel mismo fin, por la anterior Asamblea Nacional, quedó insubsistente por resolución de la actual mayoría legislativa.
El CJ lo integran cinco miembros. Únicamente cuenta con tres. Si uno de ellos no asiste, se queda sin quórum. Así ha ocurrido en varias ocasiones.
Sobre una vocal pende el llamado a juicio político en la Asamblea. Si la destituyen, el organismo quedaría con dos miembros. Insólito.
En conclusión, un organismo casi acéfalo, del cual depende la designación de nuevos jueces y fiscales, mientras el Gobierno se queja, como casi la mayoría de ecuatorianos, por la actuación dolosa por parte de varios administradores de justicia en el combate contra la delincuencia criminal.
El Ejecutivo no da la cara para explicar sus razones para no enviar su terna. Tampoco la Asamblea se comide en integrar la suya. Otra vez, insólito.
Con la inminente aprobación de la Ley de Integridad Pública, con la cual se reforma el Código Orgánico de la Función Judicial, se daría paso a la declaratoria de emergencia el sistema judicial por tiempo indefinido. Esta atribución la tendría el presidente del CJ.
Eso permitiría, entre otras cosas, designar jueces y fiscales mediante procesos más expeditos, aunque para algunos críticos serán “nombramientos a dedo”, derivando en una clara “metida de mano a la Justicia”.
También conllevaría a practicar evaluaciones a jueces y fiscales y, por consiguiente, a potenciales destituciones sin mayor sustento.
Un panorama embarazoso dentro del cual sigue el manoseo de la Justicia.