Los asuntos ambientales, sociales y de derechos humanos no atraviesan su mejor momento frente a la deriva autoritaria de algunos líderes políticos a nivel mundial y la proliferación de noticias falsas (fake news). Hoy, un usuario con millones de seguidores en redes sociales tiene más poder que un informe científico.
Sin embargo, dos de los principales tribunales de justicia internacional han escogido el 2025 para pronunciarse sobre la responsabilidad de los Estados respecto a sus compromisos frente al cambio climático.
El pasado 3 de julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo pública la decisión sobre su “Opinión Consultiva 32 de 2025”, relativa a la “Emergencia Climática y Derechos Humanos”, que responde a la solicitud presentada por Chile y Colombia.
No sorprende el giro ecocéntrico que adopta la Corte, al ser enfática en señalar que el derecho a un ambiente sano es uno de los más vulnerables ante la emergencia climática. De acuerdo con la “mejor ciencia disponible”, este problema debe enfrentarse mediante el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales por parte de los Estados.
Además, por primera vez, este alto tribunal se refiere de manera explícita a la naturaleza como sujeto de derechos, destacando que el desarrollo normativo impulsado por algunos países en esta materia permite reforzar la protección de los ecosistemas a largo plazo, entendiéndolos como sistemas complejos e interdependientes.
Por su parte, la Corte Internacional de Justicia se pronunciará mediante una Opinión Consultiva sobre las obligaciones estatales en materia de cambio climático, con un alcance mundial, el próximo 23 de julio de 2025.
Resulta claro el rol que desempeñan hoy los tribunales de justicia internacional y el compromiso que han asumido frente a la desinformación y el autoritarismo. (O)
