El gobierno del presidente Daniel Noboa ha anunciado que someterá a referéndum, hacia finales de 2025, la posibilidad de permitir la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, lo que requiere una reforma parcial al artículo 5 de la Constitución. La Asamblea Nacional ya aprobó este cambio el el pasado mes de junio, pero su aplicación dependerá del resultado de la consulta ciudadana. Este anuncio abre un momento oportuno —y políticamente estratégico— para instalar en la ciudadanía un debate sobre seguridad y sobre las acciones concretas que puedan atenuar los alarmantes indicadores de muertes violentas, secuestros, extorsiones y otras consecuencias del avance del crimen organizado.
También representa una oportunidad para reforzar una dinámica de campaña permanente, en la que la polarización y el discurso maniqueo se imponen. Bajo esta lógica, la opinión pública se divide entre quienes están con el gobierno y quienes, por oposición, son acusados de estar del lado de los narcos. Sin embargo, la realidad no se reduce a blanco o negro: un problema de esta magnitud requiere de respuestas integrales y sistémicas.
El “sí” o el “no” en esta consulta no responderá únicamente a una política de seguridad, sino a la pregunta implícita de a quién se confía la gestión de esa seguridad. En la consulta de abril del año pasado, la respuesta fue hacia los militares ecuatorianos. En esta ocasión, se tratará de decidir si serán las fuerzas extranjeras las que traerán la anhelada paz.
Sin embargo, incluso en el marco de una campaña plebiscitaria, resultará difícil dimensionar las implicaciones de fondo. La experiencia indica que, más allá de los resultados, los vacíos de poder no desaparecen: se transforman. Los sucesores de alias “Fito” encontrarán nuevos espacios. Si no existen transformaciones estructurales que recuperen el rol del Estado en el fortalecimiento del tejido social —especialmente en los territorios más vulnerables—, la consulta podría convertirse en un acto más dentro de la extensa lista de ejercicios “democráticos” sin impacto duradero.
