La organización 1800Migrante.com confirmó la tarde de este 28 de julio de 2025 que al menos tres ciudadanos ecuatorianos enfrentan multas superiores a 1.8 millones de dólares que fueron impuestas por el Departamento de Inmigración de Estados Unidos debido al incumplimiento de órdenes federales de deportación.
Según la organización, los migrantes involucrados han residido por más de una década en territorio estadounidense y no acataron órdenes finales de deportación emitidas por jueces federales, optando por permanecer en el país.
Uno de los casos más recientes corresponde a un ciudadano originario de la provincia del Azuay, quien ingresó a EE.UU. a los 17 años y ha vivido allí durante 22 años.
En declaraciones difundidas por la organización, el migrante relató que ignoró documentos oficiales entregados al momento de su detención, bajo el consejo de conocidos. Posteriormente, intentó regularizar su estatus tras contraer matrimonio, pero el proceso se detuvo debido a su divorcio.
William Murillo, vocero de 1800Migrante.com, se pronunció sobre la situación:
“Estados Unidos está viviendo cambios profundos bajo la administración Trump, que ahora persigue a migrantes con décadas en el país, personas que no son criminales ni representan una amenaza para la seguridad nacional. Esto contradice las declaraciones del presidente”, afirmó.
Murillo advirtió también sobre el impacto de estas políticas en las familias migrantes, especialmente en los miles de niños estadounidenses con padres indocumentados que podrían ser deportados.
“Los migrantes tienen derecho a impugnar las multas y órdenes de deportación en un tribunal de inmigración, y en muchos casos, pueden solicitar una audiencia para reducir o eliminar dichas sanciones. Además, las multas no siempre se ejecutan de inmediato, ya que ICE prioriza la deportación física sobre la recaudación, pero como están actuando las autoridades, violentando muchas veces el debido proceso, esto queda en palabras solamente”, agregó.
La organización hizo un llamado urgente a las autoridades para revisar estas políticas migratorias y exhortó a la comunidad ecuatoriana en Estados Unidos a buscar asesoría legal especializada. (I)
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