En el Ecuador hay expectativa por la posible entrada en vigencia, a partir del 1 de agosto de 2025, del nuevo arancel que regirá con Estados Unidos.
«Hasta esa fecha se debería contar con la información oficial de cuál es el arancel que va a regir entre Ecuador y Estados Unidos; si se mantiene con el 10 % como ya está establecido o si baje a 0% como es la aspiración de Ecuador”, dijo el analista económico y productivo Jorge Calderón, pero consideró que cualquier anuncio debería ser favorable para Ecuador.
«El acercamiento de Ecuador con Estados Unidos ha sido estratégico no solo considerando el tema productivo-arancelario, sino por aspectos de seguridad; el Ecuador se ha mostrado con un país aliado”, destacó.
Calderón también espera que estos elementos pesen al momento que Estados Unidos tome una decisión, y en las próximas horas “podamos tener un anuncio positivo” que a corto o mediano plazo ayude a potenciar el comercio exterior hacia ese país.
El analista económico Xavier Suasnavas, recordó que exportaciones ecuatorianas mantenían la sobretasa arancelaria del 10 % impuesta desde abril de 2025 por el gobierno de Estados Unidos bajo la política de “aranceles recíprocos” anunciada por el presidente Donald Trump.
Aunque el plazo original para definir la permanencia de esta medida vencía este 9 de julio de 2025, Washington decidió prorrogarlo hasta el próximo 1 de agosto de 2025
Negociaciones técnicas y políticas
El objetivo de esta extensión, señaló, es permitir que Ecuador continúe con las negociaciones técnicas y políticas para revertir o al menos reducir la carga arancelaria, que afecta especialmente al sector agrícola y a productos clave como el banano.
“Es clave que Ecuador esté en la negociación. Aunque no se trata de un Tratado de Libre Comercio, se busca una reducción de estas sobretasas. Ante la incertidumbre, la estrategia empresarial debe considerar un escenario de mediano plazo”, también puntualizó Daniel Legarda, exministro de Producción, durante una entrevista radial.
Legarda cree que hasta el 1 de agosto no habrá cambios en las condiciones actuales: las exportaciones ecuatorianas seguirán pagando el 10 % adicional. Mientras tanto, continúa el proceso de revisión de las 16 barreras comerciales identificados por la administración estadounidense, que incluyen temas como propiedad intelectual, comercio electrónico, compras públicas y barreras no arancelarias.
Desde abril de 2025, Ecuador fue incluido entre los más de 180 países sancionados con el “arancel recíproco” del 10 %, por no tener un acuerdo comercial vigente con EE.UU. El Gobierno de Daniel Noboa ha impulsado desde entonces una intensa agenda de acercamiento.
El pasado 1 de julio concluyó en Washington la tercera ronda técnica de diálogo, encabezada por el ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, con la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR). En sus redes sociales, Jaramillo había destacado que el encuentro se enfocó en “fortalecer la amistad, abordar proyectos de interés mutuo e intensificar la colaboración bilateral”.
Desde sectores como el bananero se asegura que el Ecuador está negociando para que el impacto sea el menor posible, es decir, que el arancel recíproco vaya del 10 % a 0 %.
¿Qué está sobre la mesa de negociación en cuánto a los aranceles recíprocos?
Xavier Suasnavas dijo que hay que recordar que la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) en su Informe Especial 301 de 2024, que monitorea las barreras al comercio y la inversión en mercados, incluye a Ecuador entre los países observados por mantener políticas que desalientan la competencia. Entre ellas mencionó la preferencia por proveedores locales en contrataciones públicas.
El USTR señala que Ecuador mantiene una política activa de preferencia por empresas nacionales en los procesos de contratación pública, limitando la participación de proveedores extranjeros, incluso cuando estos últimos pueden ofrecer mejores condiciones de precio o calidad.
Y, el país ha implementado regulaciones que exigen a las empresas incluir un porcentaje significativo de contenido local en la fabricación de bienes para acceder a beneficios arancelarios o contratos estatales. (I)
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