Todo un despropósito. Cada consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) se cree con derecho a nombrar un delegado para integrar la comisión técnica de selección, previo a la designación de los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ).
Esos delegados, si hubiera un mínimo de decencia, deben provenir de la ciudadanía, de la academia, en fin, de cualquier otra instancia organizada, para evitar conflicto de intereses o tráfico de influencias.
La renovación del CJ, pospuesta desde hacía siete meses, pero pospuesta a propósito, no puede estar sujeta subjetividades.
En esa comisión, según informan medios nacionales con lujo de detalles, coexisten parentelas, amiguismos, el exasesor del actual presidente prorrogado en funciones y vuelto a ser nominado por el titular encargado de la Corte Nacional de Justicia.
En la trastienda, también asoma un operador político del gobernante, antes conspicuo militante y defensor de su supuesto rival político, el correísmo; y hasta el novio de una de las actuales consejeras, involucrada en un presunto caso de peculado.
De seguir este canvalache, el Cpccs estaría reafirmando su bajeza ética y moral, tan peculiares desde su creación misma, y de cuya eliminación -cosa curiosa- ya no habla el gobernante.
E igual o peor será la integración del CJ bajo semejantes circunstancias. Todo estaría milimétricamente calculado para la elección, comenzado por la del presidente prorrogado, cuya nominación para integrar la terna no ha sido cuestionada por el Pleno de la Corte, excepto el magistrado “puesto de relleno”. Este prefirió renunciar.
Lo descrito abriría la posibilidad de declarar el sistema judicial en emergencia, de por sí demolido por la corrupción, la falta de jueces y fiscales, cuya carencia no puede ser subsanada nombrándolos a dedo, una hipótesis nada descabellada y apuntalada por una campaña de desprestigio.
