Acción judicial paraliza elecciones en Casa de la Cultura Ecuatoriana

La suspensión de elecciones responde a una acción de protección de Patricio Morales, candidato a la presidencia de la sede nacional, descalificado por una deuda de USD 28.000 en el SUPA.

Las elecciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión (CCE), previstas para el 16 de agosto de 2025, fueron suspendidas por orden del juez Byron Vallejo, quien aceptó una acción de protección presentada por Patricio Morales, aspirante a la presidencia de la sede nacional.

Morales fue descalificado por mantener una deuda de más de 28 mil dólares en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA). Esto contraviene el reglamento electoral.

La medida judicial ordena detener de forma inmediata la inscripción, campaña y votación tanto en la sede nacional como en los núcleos provinciales, hasta que se resuelva la acción constitucional.

El fallo también dispone notificar al presidente encargado de la CCE, Martín Sánchez. Además, al presidente de la Comisión Electoral, Marco Guamán; y al procurador general del Estado.

Sánchez manifestó su desacuerdo con la resolución. Indicó que el proceso cumplió con todas las etapas reglamentarias.

“En el caso del señor (Patricio) Morales, fue la Junta Plenaria la que revisó en tiempo real su situación en el SUPA y comprobó la deuda y eso indicaba que no podía ser calificado», aseguró.

«Nos sorprende la acción de protección y más que por una persona, que no cumplió un requisito, se suspendan las elecciones. Es una decisión desmesurada”.

Anunció que se iniciarán acciones legales para solicitar la revocatoria de las medidas cautelares. La próxima audiencia está prevista para el 1 de septiembre de 2025. “Es un proceso largo”, añadió, aunque no especificó plazos.

Reacciones

Los cuatro candidatos a la Dirección en el Núcleo del Azuay reaccionaron a la medida. Bolívar Ávila calificó la acción como “un uso instrumental de la justicia” y propuso reformar el sistema electoral interno.

“Se necesita más democracia, permitir que no solo los directores provinciales tengan voz, sino que se dé una votación nacional con participación ciudadana», expresó.

«Las decisiones no pueden seguir en manos de unos pocos, como si fuera un cónclave».

Diana Quinde, también candidata, expresó su desconcierto. “Nos tomó por sorpresa. Tenemos que parar la campaña hasta nueva orden. Nos reuniremos con el equipo y el directorio para mantener la cohesión”, afirmó.

También pidió revisar los reglamentos para evitar dilaciones y asegurar mayor apertura.

“Con el aplazamiento se extiende el tiempo de quienes están en funciones, pero también es un tema judicial que se va de las manos”.

La aspirante Jhoana Cruz, en un comunicado difundido en redes, discrepó con el fallo judicial. “Si bien discrepamos con el fundamento jurídico de esta decisión, entendemos que se trata de una resolución judicial que debe ser respetada mientras no sea revocada o modificada por una instancia superior”, señaló.

«Exigimos que el equipo jurídico de la Casa de la Cultura interponga de inmediato un recurso de apelación en defensa del proceso democrático».

Patricio Zamora, por su parte, lamentó que una acción en otra provincia tenga efecto nacional.

“Somos respetuosos de la justicia. Sin embargo, esperamos que pronto se solucione o se modifique la sentencia”, indicó.

«Nos mantendremos vigilantes para que el proceso no sea utilizado de manera política».

Precedente

En 2021 la justicia ya había suspendido el proceso electoral de la CCE.

El 26 de marzo de ese año, el juez Luis Tapia, de la Unidad Judicial Penal Sur de Guayaquil, aceptó una acción de protección interpuesta por el escritor Jorge Velasco y ordenó que se convoque nuevamente a elecciones, tras una adecuada socialización del reglamento.

Los procesos electorales, para el período 2021-2025, debían realizarse el 8 de mayo de 2021. Finalmente se realizaron en el mes de agosto de ese año.

El fallo obligaba a difundir el contenido del reglamento mediante medios de comunicación provinciales con al menos tres publicaciones y 30 días de anticipación, además de coordinar con los núcleos y notificar a los miembros del RUAC.

El juez sostuvo su decisión en que al no haber sido socializado bien el reglamento, se perjudicaron los derechos constitucionales de igualdad, de libre elección y asociación. (PNH)-(I)

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Patricia Naula Herembás

Licenciada en Comunicación Social con experiencia en medios tradicionales y digitales. Hace coberturas y en redacción de temáticas de emprendimiento, empresarial, sociedad e interculturalidad.

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