Las organizaciones sociales alistan movilizaciones para esta semana. Las protestas en contra de las medidas del Gobierno de Daniel Noboa y de leyes aprobadas por la Asamblea Nacional activan las alarmas. La principal convocatoria es para el jueves 7 de agosto, desde las 16:00.
Hay oposición y rechazo a las leyes de Inteligencia, de Seguridad y de Integridad Pública, así como a las 5.000 desvinculaciones de funcionarios públicos. Trabajadores, educadores, profesionales de la salud, dirigentes barriales y servidores públicos cesados se concentrarán en la Caja del Seguro Social, en el centro-norte de Quito.
La movilización tiene previsto llegar hasta la Corte Constitucional (CC). Según el anuncio oficial, antes de la marcha se volverá a presentar documentación ya ingresada en esa instancia. Cerca de 20 organizaciones que interpusieron demandas de inconstitucionalidad a las normas del régimen realizarán un plantón frente a la sede de la CC para exigir respuestas de los jueces.
Otros colectivos, como los ambientalistas, también anunciaron que se sumarán a las protestas. “Este Gobierno está cumpliendo con las imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Las fusiones buscan debilitar al Estado, entregar servicios al sector privado y allanar el camino para más recortes y privatizaciones”, denunció Alejandra Santillana, del colectivo Yasunidos.
Santillana se mostró optimista respecto a que más ciudadanos se sumen a las protestas. La anunciada fusión de ministerios es otra preocupación. En particular, la unión del Ministerio del Ambiente con Energía y Minas es vista como una amenaza directa a las funciones de control y regulación ambiental.
“Esto es gravísimo. Significa que las mineras y petroleras tendrán vía libre. Se pierde independencia para fiscalizar y proteger ecosistemas. El Ministerio del Ambiente necesita más soporte, no ser absorbido”, expresó Amparo Rivadeneira, de Rebelión o Extinción Ecuador. “La naturaleza no tiene voz, por eso estamos aquí», agregó.
El presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, Santiago Carrasco, resaltó la unidad de todos los sectores movilizados. En ese sentido, pidió al presidente Noboa atender los reclamos y no permitir que aumente la tensión social.
La Policía Nacional prevé reforzar los controles en los alrededores de la Corte Constitucional y en los accesos al Centro Histórico. La Corte será el principal punto de concentración, ya que se han presentado más de 20 expedientes en contra de propuestas gubernamentales.
Las acciones legales
Las organizaciones de servidores públicos presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública. Solicitan la suspensión de tres aspectos específicos de la norma, como medida cautelar, mientras la Corte analiza su constitucionalidad.
Damián Armijos, representante jurídico de la Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador (Conasep), detalló los puntos de la ley cuya aplicación piden frenar por considerarlos “peligrosos”.
El dirigente señaló que los despidos de 5.000 trabajadores del sector público son una muestra de que la norma ya está generando efectos. “Se corre el riesgo de que, por los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se llegue a los 75.000 despidos”, advirtió.
