La mayoría de los pobladores en Cuenca y Azuay rechaza los proyectos mineros, mientras las empresas concesionarias destacan sus beneficios y el Estado sostiene que es preferible una actividad regulada antes que la explotación ilegal.
Esta tensión ha generado conflictos: los opositores exigen respeto a sus decisiones, mientras los defensores de la minería aseguran que es posible controlarla dentro de marcos legales y técnicos.
El debate minero se ha politizado y, en algunos casos, se utiliza como plataforma para obtener respaldo, ya sea en defensa del ambiente o en la promoción de la minería como alternativa de desarrollo.
En ese contexto, este 16 de septiembre en Cuenca se cumplirá una marcha con la que la provincia busca mostrar su fuerza colectiva frente a autoridades y empresas, en medio de un ambiente de tensión y resistencia.
El acto se centra, principalmente, en el rechazo al proyecto Loma Larga (antes Quimsacocha), ubicado en Cuenca y San Fernando, a cargo de Dundee Precious Metals (DPM) Ecuador, empresa de Canadá.
Cuestionamientos
La disputa también ha sido aprovechada por críticos de Daniel Noboa, presidente del Ecuador, y de autoridades afines a su gestión.
No obstante, la minería no es un tema exclusivo de este gobierno. Tiene antecedentes de varios años y ha estado marcada por decisiones de mandatarios que enfrentaron presiones y rechazo social.
Así lo explicó Javier Subía, titular del Viceministerio de Energía y Minas, quien señaló que en 2001, durante la presidencia de Gustavo Noboa, se otorgaron las primeras concesiones de lo que hoy es Loma Larga.
Cronología
En 2002 se emitieron las licencias ambientales para la etapa de exploración avanzada. En 2003, bajo Lucio Gutiérrez, se entregó una nueva concesión a esta minera.
En 2004 se descubrió el depósito de metales, principalmente oro. En 2008, durante el gobierno de Rafael Correa, se aplicó el mandato minero de la Asamblea Constituyente.
En 2009, bajo Correa, se otorgó el certificado de no afectación de cuerpos hídricos a las tres concesiones de Loma Larga. En octubre de 2014, la empresa inició la fase de exploración avanzada.
Durante Junio de 2019, el proyecto entró en evaluación económica bajo Lenín Moreno, y en julio de 2021, durante la presidencia de Guillermo Lasso, se extendió esta etapa.
En 2022, activistas presentaron una acción de protección contra la minería, pues denunciaron que no se hizo la consulta previa exigida por la ley y que las comunidades cercanas no estaban de acuerdo.
En agosto de 2023, la Corte de Justicia de Azuay ordenó medidas de reparación: consulta ambiental en el área de influencia del proyecto y consulta previa, libre e informada.
En octubre y noviembre de 2024 se registró el cumplimiento de estas órdenes por parte del Estado. En mayo de 2025 se presentó el informe sobre la consulta previa.
En junio de 2025, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) otorgó la licencia ambiental para la fase de explotación en Loma Larga, lo que provocó rechazo generalizado y fuertes críticas.
En agosto de 2025, Inés Manzano, titular del Ministerio de Energía y Minas, dispuso la suspensión de actividades hasta que DPM Ecuador difunda de manera didáctica el plan de manejo ambiental.
En total, seis gobiernos han intervenido en este proyecto, que cuenta con una reserva estimada de 926.000 onzas de oro, además de otros minerales como plata y cobre.
Vocero
Patricio Vargas, presidente de la Cámara de Minería de Azuay, indicó que decidieron no alimentar la animadversión hacia el sector, ya que la minería formal se ve afectada por la situación actual.
Por ello, señaló que, al menos por ahora, prefieren no ofrecer declaraciones sobre la situación delicada que atraviesa la provincia y la región debido a las disputas mineras.
Proyecto minero Río Blanco
Una millonaria demanda por 480 millones de dólares planteada contra Ecuador por Junefield Ecuagoldmining South América, empresa china, genera inquietud.
Esta compañía es la concesionaria del proyecto Río Blanco, ubicado en las parroquias Chaucha y Molleturo de Cuenca, detenido desde junio de 2018 por orden judicial.
Los campamentos, oficinas, bodegas y otras instalaciones de la empresa fueron destruidos e incendiados por comuneros de la zona, quienes se oponen a la explotación minera.
En octubre de 2019, Junefield Ecuagoldmining evacuó a todo su personal por motivos de seguridad, dejando únicamente algunas máquinas y herramientas.
Autoridades y defensores de la minería han denunciado la presencia de mineros ilegales en el lugar, quienes extraen material de manera irregular para obtener oro.
Proyecto minero Ruta del Cobre
El proyecto Ruta del Cobre se ubica en Chaucha, Cuenca, y está concesionado a la compañía homónima, cuya casa matriz es el Grupo México.
Entre 2012 y 2019, en este proyecto se invirtieron 35,49 millones de dólares. Para 2020 se planificó una inversión de 2,80 millones, de los cuales se ejecutaron 3,62 millones hasta el tercer trimestre.
El proyecto comprende tres concesiones: Janeth 1, Janeth 2 y Janeth 3. La primera cuenta con licencia para exploración avanzada, mientras que las otras dos están autorizadas para exploración inicial.
El área total concesionada abarca 7.299 hectáreas. La empresa ha defendido su operación, alegando que cumple con la normativa ecuatoriana vigente.
En 2021 se completó un plan de perforación de 121.000 metros para la evaluación mineral, información que sirvió de base para iniciar el estudio de factibilidad, previsto para el segundo trimestre de 2022.
En abril de 2023, la compañía solicitó la suspensión temporal de las actividades mineras por “fuerza mayor”, debido a circunstancias imprevistas que impidieron la ejecución normal de los trabajos planificados.
Cristian Zamora: revertió terreno dado a minera
Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, anunció la reversión de la incorporación de unas 140 hectáreas al registro catastral a favor de Dundee Precious Metals (DPM) Ecuador, propietaria de Loma Larga.
Zamora explicó que, según las escrituras, la compañía contaba inicialmente con 120 ha. Sin embargo, el 13 de octubre de 2020 se registró, sin justificación técnica, la superficie adicional, elevando el total a más de 260 ha.
El alcalde señaló que la medida responde a “inconsistencias técnicas” detectadas por la Dirección de Avalúos y Catastros, hasta que sean plenamente justificadas y corregidas conforme a la ley.
Aclaró que la decisión municipal “no implica el desconocimiento del título de dominio de la empresa sobre las 120 hectáreas, certificado por la Registraduría de la Propiedad”.
Zamora advirtió que la ampliación se ubica en una zona de reserva de agua vital para Cuenca y subrayó que no permitirá su uso para actividades mineras por el alto riesgo de contaminación.
Palacios
Pedro Palacios, exalcalde de Cuenca, anunció que ha solicitado un análisis jurídico de las declaraciones de Zamora, quien lo responsabilizó por la incorporación de las 140 ha adicionales a favor de DPM Ecuador.
“Me ha acusado de haber regalado más de 100 hectáreas a la minera y de haberme llevado o desaparecido un expediente físico de alguna manera…”, afirmó.
Palacios indicó que no recuerda denuncias durante sus cuatro años de gestión sobre alteración o falsificación de documentos en ninguna dependencia municipal.
Mostró un documento como prueba de que, en octubre de 2020, la Dirección de Avalúos y Catastros no autorizó ninguna ampliación del área a favor de la minera.
Asimismo, exhibió documentación para respaldar su afirmación, incluyendo las escrituras de 2007 del predio de DPM Ecuador, donde constan las 120 hectáreas originales con sus respectivos linderos.
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