El gobierno de Daniel Noboa merece un punto de reflexión casa adentro.
No puede malgastar sus energías, crearse enemigos y buscar pleitos con las instituciones sostén de la institucionalidad del Estado, o enervar los ánimos de las organizaciones sociales.
Todo esto provoca un desgaste acelerado y, por consiguiente, el de su capital político, en gran medida “prestado”.
¿Ha logrado algo positivo convocando marchas, cuyo financiamiento está en duda, con la concurrencia de personas bajo presión, de empleados públicos?
La desarrollada el jueves anterior en Guayaquil, bajo el lema paz y justicia sirvió, una vez más, para atacar a la Corte Constitucional (CC) por no haberle aprobado varias preguntas de su propuesta para consulta popular y referendo, o haber declarado la inconstitucionalidad de artículos de algunas leyes.
Pese a los desaciertos de la CC, comentados y criticados por constitucionalistas y analistas políticos creíbles, ecuánimes, denostarla no es lo correcto.
Paralelamente, organizaciones sociales críticas al Régimen no dejan pasar la ocasión para, asimismo, organizar marchas en su contra a fin de reclamar por atención efectiva en salud, educación, trabajo.
Nada saca el país con marchas, sobre todo las organizadas por el gobierno. Resultan poco creíbles; pues su objetivo real ha sido auscultado por amplios sectores ciudadanos.
Su beligerancia le lleva, una vez más, a presentar otras preguntas a la CC, asimismo enrevesadas y proclives para no pasar el control constitucional.
Es cierto: el crimen organizado transnacional no es una simple banda delictiva. Al contrario, son estructuras capaces de desafiar al Estado.
Por eso mismo, el Gobierno debe actuar con inteligencia para encontrar apoyo, sobre todo legal. Las instituciones encargadas de esta materia, también deben ver con objetividad la realidad nacional en materia de seguridad, campo en el cual, como se ha dicho, la delincuencia para estar más protegida que los ciudadanos de a bien.
