El presidente Daniel Noboa, tal como lo sugirió la Corte Constitucional, le remitió una nueva pregunta de enmienda constitucional con la cual busca reducir el número de asambleístas.
Desde hacía mucho tiempo, gran parte de la población considera necesaria esa reducción.
Para eso ha contribuido la pésima imagen de la Asamblea, tanto por el número de legisladores, en cuyos sueldos y en los de sus asesores y otras prebendas el Estado gasta millones de dólares anuales, cuanto por la mala calidad reflejada en sus actuaciones
Quizás motivado por esta percepción ciudadana, el presidente insiste en su objetivo, como quien, además, trata de ser empático con la población.
La semana anterior, la alta Corte rechazó la pregunta original por omitir datos fundamentales, habiendo sugerido su reformulación, tal como ha ocurrido.
Resta ahora conocer cuál será el desenlace sobre la nueva interrogante, cumpliendo, ahora sí, según el Gobierno, requisitos como la claridad y lealtad, a fin de permitir un pronunciamiento ciudadano informado y responsable.
Según la pregunta reformulada, de pasar el control constitucional y de ser aprobada en las urnas, el país tendría 10 asambleístas nacionales; un asambleísta elegido por cada provincia; y 1 asambleísta por cada 400.000 habitantes de acuerdo al último censo.
Por consiguiente, el número de legisladores se reduciría de 151 a 73.
Vale preguntarse, ¿a menor número de asambleístas mejorará la calidad legislativa y fiscalizadora?
Si los movimientos políticos y partidos, de cuya disminución nadie habla, no escogen a los mejores desde lo académico, experiencia, ética, honradez, todo será igual.
Otra intencionalidad ha sido advertida: concentrar en pocas tiendas políticas el mayor número de asambleístas, con lo cual las minorías quedarán en desventaja. Y a esto contribuye el método D´Hondt para la repartición de escaños, recientemente aprobado. ¿Todo está bajo cálculo?
