La multitudinaria e histórica marcha protagonizada por cuencanos y azuayos en defensa del agua y de la vida va contaminándose con un tufo politiquero, electoralista, oportunista.
La marcha en sí misma fue un acto político. Conviene entender el significado de la política.
Otra cosa y muy distinta es la politiquería.
Hasta el Gobierno cae en este juego. Insiste en endilgar posibles consecuencias legales al Municipio de Cuenca y al Gobierno Provincial del Azuay.
Es más, insiste en exigirles los informes técnicos que justifiquen las razones por las cuales no debe ejecutarse el proyecto minero Loma Larga.
Los tiene, y de sobra, el Ministerio del Ambiente, ahora absorbido por el de Energía. Deben estar en los anaqueles de esta cartera de Estado.
Empero, el Municipio, concretamente su empresa ETAPA, debe remitirlos, una vez más, aunque queda la duda de si los leerán.
¿Cuál es el objetivo del Gobierno, si el único camino que tiene es revocar la licencia ambiental, enmendando su error, sobre todo haciéndose cargo de la posible demanda, en cuyo caso el demandado será el Estado?
El aprovechamiento politiquero de la marcha de Cuenca ocurre cuando una organización promotora del paro, entre sus planteamientos exige la suspensión del mentado proyecto, una decisión ya tomada, pero poco convincente.
El Gobierno se vale de esta situación para encasillar la protesta de Cuenca como parte de las acciones en su contra.
La marcha coincidió con la decisión de eliminar el subsidio al diésel; pero mezclar las dos situaciones es aberrante.
Lamentablemente lo hace el Gobierno y algunos promotores del paro, si bien es justo reconocer su decisión de apoyar la tesis azuaya poniéndose en la fila de los marchantes.
La politiquería también es visible en ciertos actores. La marcha por el agua no puede servir de catapulta para oportunistas; tampoco para quienes intentan lavarse las manos y las de la organización política a la cual reverencian.
