Esta vez la queja viene desde dentro. El gerente y el director médico asistencial del hospital regional Vicente Corral Moscoso hacen pública la crisis económica y operativa de este centro de salud pública.
Según los directivos, se requiere de manera urgente USD 8,8 millones para garantizar el funcionamiento del hospital.
Hay, por el momento, 62 % de medicamentos y 61 % de insumos médicos.
No existen insumos suficientes en los laboratorios. Dos quirófanos están inoperativos, otros equipos de esterilización tienen fallas graves, uno de esterilización está fuera de servicio, pues terminó su tiempo de vida útil, y otro permanece inoperativo.
La lista sigue: la Unidad de Cuidados Intensivos y el área de Neonatología trabajan con reducción del 40 %, hay “graves limitaciones” en la de Imagenología, el tomógrafo está fuera de servicio, como también lo está un dispositivo de rayo X y varios equipos endoscópicos.
Como contrapartida a tan situación precaria, la ocupación hospitalaria llega al 98 %, incrementando el riesgo de saturación y de eventos adversos.
En esas circunstancias, mal puede esperarse una atención médica de calidad, oportuna. Hasta se vería comprometida la hospitalización, cuando no, las intervenciones quirúrgicas.
El presupuesto anual del Vicente Corral Moscoso ha sido reducido, mientras se requieren recursos adicionales para afrontar la crisis.
La queja ha sido remitida a la Coordinación Zonal 6 del Ministerio de Salud. Posiblemente ya fue trasladada a la “matriz”. Si no lo hace aún, el gobernador del Azuay, como responsable de la administración pública en la provincia, debe hacerlo. No solo esto, sino exigir la atención inmediata.
La salud pública en general sigue en el epicentro de las críticas al gobierno. Sus respuestas, o no existen, son parciales, o, simplemente, no le importan.
