Efraín Fueres, un comunero indígena kichwa que murió durante las protestas del paro nacional en Imbabura, fue sepultado este 30 de septiembre del 2025; organizaciones indígenas y de derechos humanos denunciaron que en su muerte existió uso excesivo de la fuerza por parte de los militares y exigen justicia.
Del lado del discurso oficial, Carolina Jaramillo, vocera del Gobierno, se negó a manifestar si lo sucedido con Fueres fue un exceso por parte de los uniformados, recalcó que el tema deberá ser investigado por la justicia, pero, puntualizó que, lo sucedido con el comunero indígena es producto de la violencia con la que actúan los manifestantes, de la cual responsabilizó a los dirigentes.
“Los actos de violencia que provienen del dirigente de la Conaie, Marlon Vargas, hace una semana llamaba a las movilizaciones y actos delincuenciales, como tomarse pozos petroleros, pueden terminar derivando en un hecho tan lamentable como la pérdida de un ser humano”, afirmó Jaramillo.
Además, Jaramillo se refirió al ataque que sufrió un convoy con comida que intentó ingresar a la provincia de Imbabura, provincia que se ha convertido en el epicentro del paro nacional, y que fue atacado por manifestantes; adicionalmente, 17 uniformados fueron secuestrados y se desconoce su paradero.
“Ha quedado en evidencia, una vez más, que no se trata de manifestaciones pacíficas, sino de actos terroristas. Esto ya no es una protesta, son delitos que amenazan la vida y la convivencia, por el nivel de violencia con que actúan, estamos hablando de infiltrados que se han tornado actos delincuenciales”, afirmó la vocera.
¿Hasta qué nivel está permitido el uso de la fuerza?
Según las leyes internas y los manuales de derechos humanos internacionales, el uso progresivo de la fuerza debe aplicarse de manera gradual, proporcional y necesaria, según el nivel de resistencia o amenaza que presente una persona o situación; es decir, no se debe usar más fuerza de la necesaria.
Policías y militares deben iniciar el trato con los manifestantes con su presencia en el sitio de la protesta, avanzar a la comunicación verbal, la fuerza física moderada, el uso de medios no letales (gas pimienta, balas de goma, entre otras) y, por último, la fuerza letal.
Terrorismo de Estado
Dayuma Amores, coordinadora jurídica de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), recalcó que la escalada de violencia y represión de las fuerzas del orden no ha sido proporcional, ni progresiva a la protesta social; esto lo han podido comprobar con equipos desplazados en el sitio de las manifestaciones.
“No hay un uso progresivo de la fuerza, están disparando directamente armas de fuego contra cuerpos de personas totalmente desarmadas, están aplicando terrorismo de Estado, en generar un enfrentamiento innecesario y violento”, afirmó Amores.
Para esta organización de derechos humanos, la muerte de Efraín Fueres “es un asesinato por parte de las Fuerzas Armadas, por el uso desproporcionado y letal de la fuerza, sin seguir ningún tipo de estándar internacional, ni siquiera respetando las leyes nacionales.
Inredh ha remitido varias alertas a organismos internacionales sobre lo que está sucediendo en el país, sobre todo contra miembros de las organizaciones indígenas de Imbabura.
A través de su cuenta de X, la relatora de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, aseguró haber recibido “noticias preocupantes” sobre la “represión violenta de las movilizaciones pacíficas” en Ecuador.
“Las personas tienen derecho a defender los derechos humanos, el Estado debe abstenerse de cualquier represalia en su contra por ejercerlo”, aseguró Mary Lawlor.
¿Dónde quedan los derechos de los uniformados?
Mario Carrillo, experto en temas de seguridad y coronel (r) de las Fuerzas Armadas, ve con preocupación que los organismos defensores de derechos humanos no se preocupen por lo que han enfrentado los uniformados que contrarrestan a los manifestantes.
“A los militares y policías los han secuestrado, pegado y torturado; esto demuestra que la protesta no es pacífica como dicen; pero, a ellos nadie les defiende, nadie vela por sus derechos humanos, solo los de los delincuentes valen; porque al momento en que estas personas atacan un convoy militar o incendian un comando de la Policía, están cometiendo un delito”, recalcó el experto.
Para Carrillo, los paros nacionales del 2019 y del 2022 dejaron un mal precedente, cuando la Asamblea Nacional otorgó la amnistía a quienes destruyeron la ciudad de Quito, dejando un mensaje de impunidad, del que se buscan beneficiar, actualmente, los dirigentes de las protestas.
El experto defendió el trabajo de los militares y recalcó que dentro de la preparación que reciben está la que les dan para la guerra regular, pero también para la defensa interna.
- El Ministerio del Interior reportó 90 detenidos hasta el 29 de septiembre del 2025, el octavo día del paro nacional, la mayoría de detenciones se produjeron en la provincia de Imbabura, epicentro de las protestas.
- 13 de los detenidos fueron acusados del delito de terrorismo, los organismos de derechos humanos consideran a está como una medida de aleccionamiento, para frenar la protesta.
- Fue emboscado un convoy en el que se movilizaba el presidente Daniel Noboa; el nuncio apostólico, Andrés Carrascosa; la embajadora de la Unión Europea, Yekaterina Doródnova y el embajador de Italia, Giovani Davoli.
