En medio de un año de incertidumbre, tanto por factores económicos como geopolíticos, Ecuador ha mostrado una particular resiliencia que se ha manifestado en el fortalecimiento de la dolarización y la reducción de su prima de riesgo. Ecuador, con la liberación del precio de las gasolinas y ahora con la eliminación del subsidio está avanzando hacia su equilibrio fiscal, claro está, siempre y cuando la administración de este subsidio (aprox. USD 1.100 millones) se redireccione de manera transparente al gasto social.
Es importante resaltar que, durante el gobierno de Noboa, la revisión de los subsidios ha sido parte de su política económica, el primer ajuste que hizo sin mayor repercusión, fue en junio de 2024. Estableció un sistema de bandas en función del mercado internacional del petróleo, con un rango de variación controlada. Un año después, en agosto de 2025, el Gobierno profundizó el cambio, mediante el decreto 83 que modificó la fórmula de cálculo. La medida incorporó los costos reales de importación, fijó una rentabilidad mínima para las empresas comercializadoras, pero mantuvo el límite de variación mensual. Ahora, el Gobierno decidió eliminar el subsidio al diésel, esto implicó nuevamente la reacción de los grupos sociales que, sin ser generalizadas en todo el país, sin embargo, en algunas zonas se han vuelto muy violentas. Estas reformas recientes en materia de subsidios evidencian un esfuerzo por alcanzar la sostenibilidad fiscal y fortalecer la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, su éxito dependerá de la eficiencia en la administración de los recursos liberados, así como de su adecuada redistribución hacia sectores sociales estratégicos.
La política fiscal, para ser legítima y sostenible, debe equilibrar la racionalidad económica con la justicia social, podrá consolidar un equilibrio duradero que combine responsabilidad fiscal con equidad e inclusión social. (O)