Durante 25 días la provincia de Imbabura ha permanecido prácticamente paralizada por las manifestiaciones y bloqueos viales que obstaculizan la movilidad de personas, bienes y servicios. El reciente diálogo realizado el miércoles entre el Gobierno nacional y dirigentes locales —mediado por la Iglesia Católica— no ha transformado esa realidad ininterrumpida. Aunque se anunció el levantamiento del paro tras unas cuatro horas de conversaciones, múltiples comunidades rechazaron los acuerdos y mantienen las vías cerradas hasta hoy. El punto nodal del desencuentro: la Conaie no fue convocada a esa mesa, pues el Gobierno decidió que dialogaría solo con ciertos representantes locales; sin ella, la legitimidad del convenio se debilita
Dialogar “en sus términos” no es dialogar con profundidad. Si el Estado inicia conversaciones solo con quienes acepta, impone el terreno de juego: qué temas se abordan, quiénes participan y bajo qué supuestos. Eso no es negociación, eso es diseño unilateral con apariencia de consenso. Los dirigentes locales y los mediadores (en este caso, la Iglesia), tienen un margen estrecho para tender puentes si no hay señales claras de que el poder central valora genuinamente las demandas de las comunidades. El Presidente debería expresar la disposición real de ceder espacio político, reconocer autonomía organizativa y considerar demandas que emergen desde abajo.
Aquí es donde el marketing choca con la sociología y la antropología: esas disciplinas muestran que no basta invocar “participación social”, hay que entender las formas culturales de organización, los sentidos del territorio y la lógica simbólica comunitaria para construir interlocución legítima exige más que audiencias protocolarias: requiere reformular la forma en que se escucha, con quién se conversa y en qué términos se aceptan agendas ajenas. De lo contrario, Imbabura seguirá paralizada, no solo por las manifestaciones y los bloqueos, sino por la rigidez simbólica de quien pretende gobernar desde lo “único legítimo” sin incluir al otro.
