Luego de un mes del paro de la CONAIE, focalizado en algunas provincias (sobre todo en Imbabura), este se dio por finalizado por parte del presidente de dicha organización. Sin embargo, a diferencia los paros del Movimiento indígena de 20019 y 2022, el reciente paro no finalizó con mesas de diálogo y acuerdos con el Gobierno nacional.
De esta manera, el Gobierno presidio por Daniel Noboa logró imponer una medida económica polémica y exigida por el FMI, como es el incremento del precio del diésel, a pesar de que en la campaña electoral había prometido que no habría tal incremento, sobre todo porque según palabras del propio Noboa: “haría subir el costo de la vida”.
Se trata de una imposición que fue posible por la existencia de un conjunto de situaciones, que no estuvieron presentes en los paros de 2019 y 2022. Entre estas se pueden señalar las siguientes: una popularidad relativamente alta de la que goza todavía Noboa (alrededor de un 40 %, frente a menos del 20 % que tuvieron en su momento Moreno y Lasso); una paralización de la CONAIE que (excepto Imbabura) no tuvo la misma fuerza de las anteriores y que no reeditó las movilizaciones hacia la capital política de la República (Quito); el uso inusitado y excesivo de la fuerza física contra los manifestantes (denunciado incluso por organizaciones internacionales de los derechos humanos); la inmensa campaña publicitaria gubernamental para estigmatizar y descalificar a los manifestantes, y para resaltar los supuesto logros de la gestión gubernamental; y, la masiva y millonaria entrega de bonos a diversos sectores sociales, comenzando con los transportistas que usan el diésel como combustible para sus labores.
En estas condiciones es posible que el Gobierno considere que ha triunfado y que, por ende, crea que hay que fortalecer su estrategia de represión y autoritarismo ante a cualquier inconformidad o protesta social, que se desarrolle frente a sus políticas o medidas; una situación que pondría en entredicho la vigencia de un auténtico régimen democrático en el país. Empero, es posible también que esa estrategia, y las propias medidas que el Gobierno está tomando, terminen pos causarle un desgaste creciente, lo que incluso podría expresarse en la consulta popular del 16 de noviembre. (O)