La justicia debe ser el pilar más sólido de un Estado democrático. Cuando esta se encuentra atrapada en las redes de poder político, se compromete su independencia. Despolitizar la justicia no significa alejarla del control público, sino liberarla de la injerencia partidista que distorsiona su función esencial: garantizar derechos y aplicar la ley con imparcialidad. Cuando los jueces son designados por afinidades ideológicas, el sistema pierde credibilidad y los ciudadanos dejan de confiar en las instituciones. Una justicia politizada se convierte en instrumento de protección de la impunidad.

Reformar los mecanismos de selección, fortalecer los concursos de mérito, garantizar la carrera judicial y blindar a los operadores de justicia frente a represalias son pasos indispensables para reconstruir la confianza ciudadana. Solo una justicia verdaderamente independiente puede sostener el Estado de derecho, limitar los abusos del poder y proteger las libertades fundamentales. De cara a una Constituyente, son cruciales propuestas para una justicia independiente y ética. Una cultura institucional basada en la ética y la transparencia, estableciendo principios constitucionales que obliguen a todos los órganos de justicia a actuar con probidad, independencia y rendición de cuentas.

Normas que erradiquen la corrupción y el clientelismojudicial mediante la creación de mecanismos de control ciudadano y auditorías públicas permanentes sobre el desempeño de jueces y fiscales. Formación continua de los operadores de justicia en derechos humanos, equidad de género, y ética pública, como requisito para el ejercicio de sus funciones. Condiciones laborales dignas y estables para jueces, fiscales y defensores y reconocimiento del rol activo de la ciudadanía en la vigilancia del sistema judicial. (O)

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