El gobierno lanza un duro mensaje a las Fundaciones y a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) al emitir el Reglamento de la Ley de Transparencia Social, con la cual busca prevenir o detectar posibles flujos económicos ilícitos.

Tras aprobarse y ser promulgada la Ley en el Registro Oficial, varias Fundaciones presentaron una demanda de anticonstitucionalidad ante la Corte Constitucional, cuyo dictamen sigue su curso.

Si varios de sus artículos fueron cuestionados por el fondo y por la forma, con seguridad lo será el Reglamento.

Regular, controlar, tales organizaciones, nacionales o extranjeras, ha sido una iniciativa constante de gobiernos anteriores, habiéndolo logrado, si bien, tras la llegada al poder de otros, algunas Fundaciones y ONG recobraron su personería jurídica. 

El Reglamento contiene un condimento posiblemente dirigido, dada la proliferación de la minería ilegal en casi todo el territorio nacional. Ha sido identificada con el narcotráfico y como la “meca” de los grupos delictivos organizados.

Dice, en efecto, que “las organizaciones sociales no podrán intervenir, directa ni indirectamente, en actividades orientadas a obstaculizar o interferir con proyectos mineros legalmente autorizados”, so pena de ser suspendidas por cuatro años, sin perjuicio de otras sanciones administrativas o legales.

Es más, deben, por obligación, denunciar actividades de minería ilegal, así sean solo indicios; igual, cualquier posible vinculación de donantes, socios, proveedores o beneficiarios con dichas tareas ilícitas.

Hay Fundaciones y ONG que se han sumado, han sido protagonistas en la lucha contra la explotación minera, por ejemplo en zonas de recarga hídrica, en bosques protectores, así el Estado haya otorgado concesiones y licencias ambientales al amparo de la ley.

El Reglamento es una especie de lanza de doble filo, una mordaza. El gobierno lo tenía bien guardado.