La necesidad de que el país cuente con una Ley de Reproducción Humana Asistida nació en 2018, cuando la Corte Constitucional emitió una sentencia en la que le dispuso a la Asamblea Nacional la elaboración de la normativa, en respuesta a una pareja de mujeres a las que el Registro Civil no les permitió inscribir como su hija a una niña concebida mediante técnicas de reproducción asistida.

Tras siete años, el pleno de la Asamblea Nacional realizó el primer debate de la Ley, acción que ha recibido el rechazo de organizaciones de la sociedad civil que se oponen al proyecto, porque consideran que presenta riesgos contra la dignidad de la mujer y la maternidad; contra la vida humana desde su concepción, y contra la familia y su estructura natural”.

Derecho del niño

Para el asambleísta Juan José Reyes (ADN), ponente de la norma, el objetivo de la Ley es garantizar los derechos de los niños, sin importar la técnica que se haya empleado para concebirlos.

Con este objetivo, se establece que el Registro Civil tendrá la obligación de inscribir a todos los niños nacidos mediante estas técnicas, garantizando su identidad y nacionalidad sin discriminación alguna, y respetando el principio de voluntad procreacional.

Pero, para la asambleísta Cristina Jácome (RC), es precisamente en el intento por regular la filiación, que se está discriminando a los niños concebidos mediante métodos de reproducción asistida, pues se obliga al Registro Civil a diferenciar esto en el certificado de nacido vivo.

“Es un cuerpo normativo que, lejos de entregar certezas, abre vacíos, contradicciones y riesgos que pueden comprometer a la sociedad en su conjunto (…) pues el niño, desde su nacimiento será diferenciado por cómo fue concebido, lo que crea vulneración al principio de no discriminación”, señaló Jácome.

Comercialización de gametos

Aunque en la normativa se establece que los métodos de reproducción humana asistida no pueden ser usados con fines comerciales, Martha Villafuerte, activista Provida, recalcó que el documento deja la puerta abierta a esta posibilidad y solo lo “disfraza de compensación económica”.

Efectivamente, la Ley permite que los donantes de óvulos o espermatozoides puedan recibir una “compensación económica resarcitoria, justa y proporcional por los gastos asumidos y el esfuerzo implicado en el proceso”.

Adicionalmente, existe preocupación sobre el futuro de esos gametos (óvulo o espermatozoide), pues se permite un proceso de descarte, siempre que esté justificado; también se puede hacer una elección genética, si existe riesgo de enfermedades graves.

Reconocimiento de familias diversas

Para más de 30 organizaciones de la sociedad civil que han solicitado el archivo de la norma, la Defensoría del Pueblo, que elaboró el proyecto, así como la Comisión de Salud de la Asamblea, han sobrepasado lo que les dispuso la Corte y han incluido, más de una vez, términos con los que se redefine a la familia y el respeto a la vida desde la concepción, como lo establece la Constitución.

En varias partes de la norma se señala: “el reconocimiento de parejas diversas que no pueden concebir de manera natural”, lo cual, para Lupe Batallán, activista Provida, devela la verdadera intención de la Ley, que no es humanista.

Además, se observa el hecho de que en esta norma la protección de la vida desde la concepción, prevista en la Constitución ecuatoriana, no es absoluta, sino gradual e incremental, lo cual implica que no puede otorgarse al embrión el mismo nivel de protección que a una persona ya nacida.

Regular una realidad que existe

Para la asambleísta Annabella Azín (ADN), pretender que no se apruebe la Ley de Reproducción Asistida es negarse a una realidad que ya existe pero que, no está regulada y está al alcance de pocos, pese a que entre el 15 % y 25 % de las parejas tienen problemas para concebir.

“Se debe considerar a la infertilidad como un tema de salud pública, porque afecta a miles de personas que no pueden tener hijos; lo que se necesita es que estén las reglas claras y que se realicen en centro autorizados; no se está creando un servicio nuevo, se está reglando uno que ya existe”, afirmó Azín.

Martha Villafuerte señaló que, efectivamente un alto número de parejas tienen dificultades para concebir, por lo que se requiere que el Estado, en lugar de gastar 60 millones de dólares en implementar clínicas de reproducción asistida (fondo establecido por el Ministerio de Salud) destine ese dinero a investigar las causas de estos problemas.