Una vez conocidos los resultados del referéndum de 2025, es momento de pasar la página y de que nuestros representantes políticos se concentren en resolver los problemas del país. Aunque las principales preocupaciones de los ecuatorianos son la inseguridad, la crisis económica y el desempleo, la problemática ambiental vinculada a la minería ilegal, la contaminación de los ecosistemas fluviales y la explotación de recursos naturales no renovables también exige atención.
Por ello, la Asamblea Nacional debería priorizar: a) la aprobación de una ley que regule la gestión, administración y aprovechamiento del agua, entendida como derecho humano, sector estratégico y servicio público. La normativa vigente fue declarada inconstitucional en 2022 por falta de consulta prelegislativa y, aunque ya existe un proyecto de reemplazo, este no figura entre las prioridades legislativas.
Asimismo, b) tras 17 años de vigencia de la Constitución y más de 26 años desde que el Ecuador ratificó el Convenio 169 de la OIT, resulta inadmisible que aún no exista una Ley Orgánica que regule la Consulta Previa, Libre e Informada. Esta normativa debe ajustarse a los estándares internacionales y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, garantizando tanto la participación efectiva de los pueblos y nacionalidades indígenas en decisiones sobre la explotación de recursos naturales en sus territorios como reglas claras que faciliten la ejecución de proyectos y la atracción de inversión extranjera en sectores estratégicos.
Finalmente, c) aunque el libro IV del Código Orgánico del Ambiente aborda el cambio climático, Ecuador sigue siendo uno de los pocos países sin una ley autónoma en la materia, como señala el Observatorio del Principio 10 de la CEPAL. Su aprobación permitiría implementar mecanismos voluntarios de incentivos ambientales para medir la huella de carbono e impulsar medidas de mitigación y compensación de emisiones mediante el apoyo a iniciativas autorizadas por la Autoridad Nacional del Ambiente.
Son muchos los temas pendientes en la agenda estatal, pero al menos estos deberían recibir la prioridad que el país demanda. (O)
@andresmartmos
