La suspensión de vuelos a Venezuela, más que una interrupción logística, es el reflejo de una profunda crisis de confianza y soberanía. La alerta de la FAA por la actividad militar en el Caribe, el despliegue que Caracas tilda de plan para derrocar a Maduro, lo usa como excusa para protegerse de un ataque. Esto choca con la acusación de terrorismo y la revocación de concesiones del régimen chavista. Esta retaliación agrava el aislamiento del país, castigando a los viajeros, y vulnerando protocolos internacionales que garantizan la seguridad operativa y el libre tránsito aéreo.

Esta escalada se da en un contexto de señales políticas ambiguas y contrastantes en el tablero internacional. Por un lado, el reciente y significativo Premio Nobel de la Paz a Machado es un contundente apoyo a la lucha por la democracia, un reconocimiento moral que presiona directamente a la falta de legitimidad interna del régimen justo antes de la ceremonia de entrega del galardón.

Paralelamente, la conversación telefónica que Maduro calificó de «cordial» con Trump insinúa una posible vía diplomática. No obstante, este aparente deshielo contrasta con la persistente presión de Washington para una transición. El plan de repatriación del régimen, anunciado por Delcy Rodríguez, expone una doble narrativa: al tiempo que se revocan concesiones aéreas, se pretende “ayudar” a los varados que el régimen ha contribuido a aislar. 

Venezuela está en una encrucijada peligrosa, donde la prioridad no es el plan de emergencia o la movilización militar, sino el diálogo real y el respeto a la seguridad operacional y a la voluntad popular, pilares que deben prevalecer sobre la amenaza y la retaliación política que perjudican al pueblo. (O)