El dolor de los padres de los hermanos Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina nunca desaparecerá. Su duelo será eterno, y su ausencia gritará el dolor de un país sin brújula, quebrado, violentado, ensangrentado, profanado por quienes tienen el deber de “protegernos”. Este crimen de Estado merece no solo la máxima pena a los autores de este atroz asesinato, sino la renuncia inmediata y el juicio político a los ministros Gian Carlo Loffredo y John Reimberg. Además, demanda la eliminación de la declaratoria de “conflicto armado interno”, bajo cuya vigencia cuarenta y tres familias claman justicia y esperan respuestas del Estado ecuatoriano al drama de la desaparición de sus seres queridos. Mientras tanto, la Asamblea prefiere discutir la duración de la “ley seca”, entregar medallas y condecoraciones, en clara consonancia con un gobierno que no ve ni escucha, que guarda silencio, que no responde nada ni a nadie. Un poder ejecutivo que se ejerce a distancia, mediante redes sociales, sin capacidad de autocrítica y mucho menos sensibilidad o resiliencia frente a las más angustiantes necesidades del pueblo: salud, educación, empleo, seguridad alimentaria y la vida misma. ¡Ni perdón! ¡Ni olvido! (O)
