Análisis político

En los últimos días y de manera profusa, en diversos medios de comunicación, se ha informado y analizado sobre las irregularidades cometidas en la contratación de generadores eléctricos, con las empresas PROGEN y ATM.

Se tratan de dos casos que involucrarían a altos funcionarios del Gobierno (ligados al Ministerio de Energía) y a la CELEC, por haber entregado anticipadamente más de 100 millones de dólares a PROGEN, y cerca de 80 millones a ATM, por la compra de equipos antiguos e inservibles.

Son situaciones que configurarían un uso inadecuado del poder estatal, que favorecería intereses privados; es decir, configurarían actos de corrupción que, a pesar de haber sido denunciados públicamente desde hace muchos meses, no recibieron la oportuna atención ni del Gobierno ni de la Asamblea Nacional. Sólo recién, cuando la Contraloría dio a conocer las irregularidades y los perjuicios ocasionados al Estado, y cuando estos escándalos de corrupción se harían cada vez más mediáticos, el Gobierno trataría de dar una explicación; la misma que resultaría poco convincente, pues lejos de asumir las responsabilidades políticas por la actuación u omisión de los altos funcionarios involucrados, afirmaría simplemente que fueron “engañados” por las empresas en cuestión.

En este marco, la demanda contra PROGEN en los Estados Unidos, anunciada por el Presidente Noboa, aparecería más bien como un recurso político para limpiar la imagen gubernamental, afectada por los cuestionamientos realizados en torno a estos y otros recientes casos de corrupción, como el ocurrido con la Firma Healthbird y su abortado contrato por 37 millones para gestionar el sistema de administración hospitalaria del IESS.

Entonces, en el denominado “nuevo Ecuador” los “viejos” casos de corrupción no sólo que subsisten, sino que se reinventan con el nombre de “engaños”. Y también, a la usanza del “viejo” Ecuador y de la “vieja” política, son casos sobre los cuales se intentaría poner un velo o, incluso, un manto de impunidad por parte de las instituciones encargadas de investigar y fiscalizar. Una de estas instituciones es la Asamblea Nacional que, controlada actualmente por el Gobierno, ha bloqueado hasta ahora la posibilidad de fiscalizar los citados actos de corrupción. (O)