Tanto la Alcaldía de Cuenca como la Prefectura del Azuay cierran el año con gestiones activas, visibles y coherentes con sus competencias, aunque enfrentan desafíos que adquieren mayor relevancia en la antesala de un ciclo preelectoral. En ambos casos, el reto no se limita a sostener el ritmo administrativo, sino a profundizar la articulación entre gestión, impacto social y una visión de desarrollo que trascienda la coyuntura y dialogue con las expectativas ciudadanas.

La administración municipal, encabezada por el alcalde Cristian Zamora, ha marcado su gestión por una fuerte presencia institucional en el espacio público, con énfasis en el ordenamiento urbano, el control y la intervención en parques y barrios. Estas acciones han permitido mantener una percepción constante de actividad municipal; sin embargo, han coexistido con cuestionamientos sobre la falta de soluciones estructurales en movilidad, la limitada articulación social en los procesos de control y la ausencia de un proyecto emblemático que marque un punto de inflexión en la planificación de la ciudad. A ello se ha sumado una agenda pública atravesada por confrontaciones con órganos de control y debates administrativos de alto perfil, que han desplazado parte de la discusión hacia el terreno político. De cara a 2026, la principal tarea será consolidar una visión integral de ciudad que combine orden, desarrollo y planificación de largo plazo.

Por su parte, la Prefectura del Azuay, bajo la conducción de Juan Cristóbal Lloret, ha sostenido una línea de trabajo centrada en el mantenimiento de la red vial rural y una defensa consistente del agua y del territorio, ejes que han reforzado su presencia en parroquias y cantones. No obstante, persisten interrogantes sobre el impacto real de estas acciones en el desarrollo productivo provincial. Este escenario se ve condicionado por un contexto financiero restrictivo, marcado por un presupuesto limitado y deudas pendientes del Gobierno Central, así como por un posicionamiento político más visible del prefecto en temas de seguridad y minería, que ha elevado su perfil público pero también ha tensionado la gestión cotidiana. El desafío inmediato será traducir presencia territorial y discurso ambiental en resultados económicos y sociales medibles.

El año que comienza exigirá a ambas autoridades algo más que mostrar lo ejecutado. En un contexto de mayor escrutinio público y con el 2026 en el horizonte electoral, la ciudadanía demandará claridad sobre cómo las acciones actuales se integran en un proyecto de desarrollo sostenible y coherente. El balance está sobre la mesa; lo pendiente, también. La diferencia la marcará la capacidad de convertir gestión visible en resultados que perduren más allá del calendario político.