Incluyendo al cantón Ponce Enríquez, en Azuay, el presidente Daniel Noboa cerró 2025 declarando, una vez más, el estado de excepción en todas las provincias de la Costa, otras de la Sierra, donde se concentra la violencia criminal.

La declaratoria, hace dos años, del “conflicto armado interno”, sirve de marco para aquella decisión.

Contradictoriamente, 2025 fue el año más violento, con alrededor de 10 mil asesinatos. Los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) también se “pusieron en pie de guerra”, de guerra en contra del Estado.

El Gobierno da cuenta de la detención, incluso en el exterior, de varios cabecillas de los GDO, considerados “objetivo uno”; igual de otros de “menor rango”, como a decenas de sus integrantes, dedicados a la extorsión, al secuestro, a la minería ilegal y a asaltar en vías y calles.

Pese a esas acciones, el crimen organizado no da tregua. En cuanto son detenidos los cabecillas de las bandas, asumen otros el mando, claro está, en medio de disputas sangrientas, o fragmentándose, un hecho no cualquiera, más bien propalador de la violencia.

Ante realidad tan apremiante, voces críticas pero revestidas de experiencia y conocimiento sugieren al Gobierno replantear la estrategia, comenzado por evaluar el conflicto armado interno, mejorar el servicio de inteligencia, buscar mayor y mejor apoyo internacional, en especial de Europa, cuando no un real compromiso de los gobernantes de Perú y Colombia, países desde donde proviene la droga, y cuyas fronteras son permeables y hay un evidente abandono de los respectivos Estados.

Tal replanteamiento es imposible si no hay voluntad política del Gobierno, comenzando por involucrar a otras instituciones como los Municipios, revisando el rol de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interna.

Si los cárteles tienen luz verde en las fronteras, ni se diga en los puertos de embarque, amén de los otros métodos, la situación se torna gris.

Un buen estratega, viéndose en riesgo, se serena y cambia el rumbo de las naves.