El Consejo de Administración Legislativa (CAL), integrado por una mayoría de Acción Democrática Nacional (ADN), resolvió inadmitir la solicitud de juicio político presentada en contra de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
Por segunda ocasión, el oficialismo rechazó el pedido de juicio político ingresado por el legislador Luis Fernando Molina, de las filas de la Revolución Ciudadana (RC), quien pretendía la destitución y censura de los consejeros por su responsabilidad en el nombramiento de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, quien sí enfrenta un proceso de fiscalización.
Según el CAL, la solicitud de juicio político fue rechazada al “detectar graves inconsistencias técnicas en el cumplimiento de los requisitos de validez”.
El CAL adoptó esta postura tras analizar el informe técnico-jurídico no vinculante de la Unidad de Técnica Legislativa (UTL), referente al proceso solicitado contra los consejeros Andrés Fantoni, Johanna Verdezoto, Jazmín Enríquez, David Rosero y Piedad Cuarán.
Inconsistencias técnicas detectadas
Durante el proceso de validación, se determinó que la solicitud carece de la firma electrónica del proponente en el documento principal, constando únicamente en un memorando del DTS. Asimismo, el análisis técnico reveló que de las 46 firmas presentadas:
- 15 firmas son inválidas: Presentan problemas de integridad electrónica verificados mediante las plataformas oficiales FirmaEC y Security Data.
- Falta de principalización: Un registro no incluyó la documentación de principalización del asambleísta respectivo.
- Insuficiencia de respaldo: Al contar solo con 30 firmas válidas, la solicitud no alcanzó el respaldo mínimo de una cuarta parte de los integrantes de la Asamblea Nacional.
