Como el caso «Caja Chica», nombró la Fiscalía General del Estado a la investigación por presunta delincuencia organizada, con fines de lavado de activos, que abrió en contra de los líderes de la Revolución Ciudadana: Luisa González y Andrés Arauz, excandidatos presidenciales; el asambleísta Patricio Chávez; y, la exsuperintendenta de Compañías, Suad Manssur. Los correístas se declararon perseguidos políticos del Gobierno de Daniel Noboa.
Según la Fiscalía, se presume que el Gobierno de Venezuela, durante el mandato de Nicolás Maduro, realizó aportes económicos en efectivo para la campaña presidencial de Luisa González, en el 2023, lo cual el Ministerio Fiscal calificó como “dinero ilícito”.
El 29 de enero del 2026 la Fiscalía allanó tres inmuebles en Quito y uno en Guayaquil, pertenecientes a Chávez, Manssur y González; el propio Arauz aclaró que, como él no reside en Ecuador, sino en México, no fue allanado.
Según señaló Luisa González, parte de las viviendas allanadas pertenecen a sus padres, dos adultos mayores; mientras que Chávez señaló que también se allanó su oficina.
Noboa señaló el apoyo de Venezuela
El presidente Daniel Noboa, en reiteradas ocasiones, sin hablar directamente de la Revolución Ciudadana, ha señalado que en el país una organización política recibió fondos del Gobierno venezolano.
Las últimas declaraciones en este aspecto las emitió en Davos, Suiza, el 20 de enero del 2026, en el marco del Foro Económico Mundial; en donde señaló que los aportes vinieron de la empresa Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA).
“En Ecuador hubo campañas políticas financiadas por el régimen de Maduro, el dinero fluía de PDVSA a otros partidos políticos, lo mismo sucedía con Podemos en España y en Colombia”, afirmó Noboa ocho días antes de que la Fiscalía inicie una investigación por estos hechos.
Se declaran perseguidos políticos
Una vez finalizados los allanamientos, Luisa González y Patricio Chávez, acompañados de sus coidearios de la Revolución Ciudadana (RC), emitió un pronunciamiento en el que dijo no temerle al Gobierno de Daniel Noboa, lo instó a probar sus acusaciones y se declaró una perseguida política.
“Yo como víctima de esto, que es persecución política y queda demostrado, por qué han hecho un show con esto, no me entero porque me están allanando, nadie me informa porque me están allanando, pero la Fiscalía General del Estado, liderada por este mamarracho (Carlos Alarcón), ya lo había puesto en las redes”, señaló González.
La excandidata presidencial del correísmo, quien además fue la presidenta de la organización política hasta el 18 de enero del 2026, rechazó las acusaciones en su contra y recalcó que no han recibido financiamiento político del extranjero, ni de Venezuela, ni del “Cartel de los Soles”, como lo ha manifestado Noboa.
Patricio Chávez, quien en la época del correísmo fue embajador de Ecuador en Rusia y actualmente es su asambleísta, se pronunció en la misma línea de González, se declaró perseguido político y se autodenominó como una persona honesta.
“Eran 15 o 20 encapuchados envalentonados, entrando a la casa de mis hijos, soy una persona honesta de toda la vida, malditos, no les perdonaré haber entrado a mancillar el honor de mi hogar y de mis hijos”, señaló Chávez.
El expresidente Rafael Correa y líder de la RC, también se pronunció en esta línea: declarar que el caso “Caja Chica” es producto de la persecución política del Gobierno de Daniel Noboa; le apoyó la prefecta de Pichincha, Paola Pabón; varios asambleístas, como Viviana Veloz; incluso se emitió un comunicado con esta misma posición.
“Solo muerta me callarán”
“Quiero decirle a este Gobierno, que me quieren callar, solo me podrán callar muerta, tendrán que encontrarme muerta para callarme y no les tengo miedo”, señaló Luisa González.
Además, la líder de la RC responsabilizo por su vida y la de su familia al Gobierno de Daniel Noboa, al que llamó “miserable” y “cobarde”; al igual que al fiscal general del Estado.
Demanda a nivel electoral
La Revolución Ciudadana enfrenta otro proceso por la campaña del 2023, pero, en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en el que sus dirigentes y candidatos fueron denunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), por inconsistencias en la rendición de cuentas.
Aunque la causa fue admitida a trámite por el TCE a finales de noviembre del año pasado, Luisa González había evadido la notificación del proceso, pero, finalmente fue ubicada el 17 de enero del 2026, durante la convención de la RC, donde en medio del público fue notificada y esto permitirá avanzar en la investigación.
La denuncia se basa en el artículo 281 numeral 1 del Código de la Democracia, que exige que los partidos presenten informes completos sobre aportes, origen de fondos, documentación de ingresos y egresos e identificación de contribuyentes.
Según González, la RC presentó toda la documentación exigida por el CNE y recalcó que, pese a que en la campaña del 2023 la presidenta del partido era Marcela Aguiñaga, alcaldesa de Guayaquil, ella no ha sido notificada, pues la calificó como aliada del actual Gobierno.
Aguiñaga le respondió, dijo desconocer qué se investiga en el caso «Caja Chica» y señaló que González ignora la Ley Electoral, pues las sanciones, en el caso de mal manejo de fondos campaña, son responsabilidad de los candidatos y del tesorero de la organización política.
Por esta investigación en el TCE, González podrá enfrentar sanciones que van desde multas, hasta la suspensión de sus derechos políticos.
