El diagnóstico que plantea el Ejecutivo, al entregar un nuevo proyecto le ley económico urgente, es importante:  la baja inversión local y el peso del gasto corriente son problemas reales, también en los gobiernos seccionales. Los propios datos oficiales señalan que, en promedio, los Gobiernos Autónomos Descentralizados destinaron en 2024 menos del 39 % de sus presupuestos a inversión y provisión de servicios básicos. En un contexto de estrechez fiscal, la falta de obra local termina trasladando presión al Estado central, que no siempre tiene la capacidad económica para suplir esas carencias.

Sin embargo, la solución propuesta abre una discusión más profunda: ¿hasta qué punto la cohesión del gasto local con el Plan Nacional de Desarrollo es coordinación legítima y desde qué punto empieza a convertirse en subordinación? Al imponer una regla rígida como la de destinar al menos el 70 % del presupuesto a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura, la “A” de autónomos en sus siglas corre el riesgo de vaciarse de contenido. Si el destino del gasto queda normado desde el Ejecutivo, la elección de autoridades locales basada en propuestas territoriales pierde sentido y la autonomía se vuelve meramente administrativa.

Además, las realidades locales no son homogéneas. No enfrenta los mismos desafíos un cantón turístico, cultural o patrimonial que uno con déficits históricos de infraestructura básica. Una regla única ignora vocaciones, dinámicas económicas y necesidades específicas. En ciudades como Cuenca, cuyo presupuesto anual bordea los 300 millones de dólares, las decisiones de inversión no solo se miden en metros de obra pública, sino también en cultura, patrimonio, emprendimiento y servicios que sostienen su identidad y su economía local. Reducir esa diversidad a un porcentaje uniforme puede resultar técnicamente ordenado, pero políticamente empobrecedor.

La autonomía, además, no es solo financiera: es política. Los ciudadanos eligen alcaldes y prefectos para que definan prioridades conforme a su territorio, no para ejecutar planes diseñados exclusivamente desde el poder central. Resulta legítimo exigir eficiencia cuando también se garantiza oportunidad, previsibilidad, coherencia en la asignación de recursos y ante todo ejemplo. Si el 70 % debe destinarse a obra, pero los fondos llegan tarde, fragmentados o condicionados, la regla deja de ser técnica y se vuelve retórica. Ordenar el gasto es necesario; vaciar la autonomía no.