Los allanamientos de la madrugada del 28 de enero pasado, bajo el operativo “Caja Chica” se realizaron en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos. “La Fiscalía sostiene que se presume que ingresaban dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023, cuando Luisa González fue candidata de la RC”.
Todos nos asombramos de los ingentes gastos de los revolucionarios derrochados en el afán de gobernar el país; la presunción de que ese dinero provenía de algún financista poderoso se volvió cada vez más evidente.
Con el gobierno de Maduro la relación de la RC siempre fue muy sólida. Suad Manssur, una de las investigadas, fue la número uno de la Superintendencia de Compañías en el gobierno correista, de quien se infiere autorizó el funcionamiento de empresas fantasmas, las cuales tramaron y consolidaron exportaciones ficticias bajo aquella tristemente célebre moneda virtual y mecanismo financiero creado en 2008 dentro de la Alianza Bolivariana como moneda transaccional llamada “SUCRE” (Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos), con lo cual la “lavadora” venezolana habría cometido sus delitos.
Se decomisaron una gran cantidad de dispositivos: celulares, discos duros, computadoras, laptops, en los domicilios de Luisa González, el asambleísta Patricio Chávez y la Manssur, quienes forman parte de los ocho investigados, junto con Correa, Arauz, Bibián Hernández -abogada vinculada al caso Metástasis-, Fausto Herrera y Patricio Rivera ex ministros de finanzas en Ecuador, y ex asesores de Maduro.
Cuando se analiza la lista de involucrados, la teoría de la trama del dinero sucio hace pensar como autores intelectuales a quienes están fuera del país condenados de la justicia, otros fugados, o temerosos de ser aprehendidos, y a los operadores puertas adentro en el Ecuador, es decir los de la carpintería final.
La reacción chabacana recurrente de Luisa González tratando de hijos de p… a la Fiscalía y al presidente Noboa en sus declaraciones, siempre acompañada de los sumisos de la Asamblea Nacional (AN) y la ultra marxista-leninista-stalinista Gabriela Rivadeneira, en medio de un elocuente nerviosismo, evidenciaron rostros enjutos y hasta de pánico como el de la Mónica Palacios, con la viva elocuencia en el lenguaje corporal, de que muchas cosas comprometedoras existirían en los documentos, equipos y dispositivos hoy en proceso de análisis.
Cuando se inician estas investigaciones se activan los del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, y otros conglomerados compinches de los gobiernos y personajes corruptos, quienes apadrinan la muletilla de una persecución política, la aplicación sistemática del “law fare” (guerra jurídica) al impedirles -según ellos- mantener sus “privilegios” de vocinglería en contra de las verdaderas democracias. Estamos presenciando el inicio de otro de los tantos episodios de la trastornada vida política de quienes prometieron cambiar al país y hoy son presos de sus propios actos deleznables. La justicia debe actuar con rapidez, antes de presenciar el abandono del país de los que faltan. (O)
