A través de la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), el presidente Daniel Noboa busca que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) destinen el 70 % de lo que les entrega el Estado a inversión y no más del 30 % a gasto corriente, si no cumplen la norma, se les restarán los recursos.

La propuesta de reforma fue enviada por el primer mandatario el 28 de enero pasado, con carácter económico urgente, es decir que, la Asamblea Nacional tendrá solo 30 días para analizarla, aprobarla o negarla.

Justificación de la reforma

Aldrín Gómez, subsecretario general jurídico de la Presidencia de la República, explicó que la decisión del Gobierno, de regular los gastos de los GAD, se basa en el mal manejo que hacen de los recursos algunos municipios, prefecturas y juntas parroquiales.

“Están gastando hasta el 70 % en gasto corriente, lo que no permite que el presupuesto sea destinado a obras de inversión”, señaló Gómez, quien resaltó que el objetivo de la reforma es poner freno a este mal manejo económico, el cual tiene tendencia al alza.

En 2021 los GAD destinaron en promedio un 30,72 % de los ingresos del Estado en gasto corriente; mientras que, en 2024 este porcentaje subió al 34,57 %; sin embargo, puntualizó el subsecretario, existen GAD en los que en inversión se gasta apenas el 10 %, el resto es gasto corriente.

¿En que gastan los GAD?

Según Daniela Contento, viceministra de Finanzas, el gasto en personal en los GAD superó el 30% del presupuesto devengado de los años 2021–2024, lo cual reduce el margen de inversión, lo que afecta a obras para agua potable, saneamiento y vialidad.

“No hay un buen diseño del gasto, los GAD no gastan de manera adecuada; a través de reglas se les van a obligar a que la ciudadanía se beneficie de estos gastos de inversión”, afirmó la viceministra, quien puntualizó que mucho del gasto corriente se destina a «fiestas con artistas internacionales”.

¿Qué pasa si los GAD no cumplen la regla?

El artículo 198 del Cootad ya establece que de los fondos que los GAD reciben del Gobierno central tienen la obligación financiar hasta el 30 % de gastos permanentes y un mínimo del 70% de gastos no permanentes.

Sin embargo, la reforma se basa en que, los GAD que incumplan con esta regla no podrán recibir todo el porcentaje que, por ley, les debe entregar el Estado, sino que este se reducirá.

La propuesta del Gobierno establece que, los GAD que cumplan con la regla de 30/70 podrán acceder al 21 % de ingresos permanentes y al 10 % de los no permanentes del presupuesto general del Estado, como los señala el artículo 192 del Cootad.

Pero, los GAD que incumplan con la norma, se les disminuirá la entrega de recursos al 15 % de ingresos permanentes y a un monto no inferior al 5 % de los no permanentes del Estado central, lo cual, en cambio, está establecido en el artículo 271 de la Constitución.

La asambleísta Mónica Alemán, de la Revolución Ciudadana (RC), señaló que este cambio le significará a los GAD una reducción de al menos 649 millones de dólares en el 2027, cuando entrará en vigor la norma, de los más de 2.000 millones de dólares que el Estado le entrega.

La reforma plantea que los GAD reporten sus gastos trimestralmente, si en los informes se evidencia que no gastaron de acuerdo con los porcentajes establecidos en la norma, la información será remitida a la Contraloría General del Estado, para que realice una auditoría.

AME apoya la propuesta

Pese a que, en la Comisión de Desarrollo Económico, donde se analiza la propuesta de reforma, los legisladores de correísmo señalaron que el objetivo del Gobierno, con este cambio, es evitarse pagar la deuda de más de 1.000 millones que tiene con los GAD, Yuri Colorado, presidenta de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), defendió el proyecto.

Según Colorado, de las 222 alcaldías que tiene el país, solo 41 incumplirían con los límites establecidos en la propuesta de reforma; se comprometió a capacitar a los alcaldes para que alcancen la nueva meta.

Además, la presidenta de AME y alcaldesa del cantón Muisne, resaltó las bondades del proyecto y que su aplicación sea progresiva; en 2027 los GAD deberán alcanzar 60 % del gasto en inversión, en 2028 el 65 % y en 2029 el 70 % obligatorio.

Gobierno pretende licuar la deuda con los GAD

Desde la oposición, el asambleísta Coms Córdova (RC) resaltó que con esta propuesta de ley el Gobierno pretende deshacerse de la deuda que tiene con los GAD, por ejemplo, por la Ley Amazónica, que asciende, según el legislador, a 1.300 millones de dólares.

“Podríamos poner una transitoria para darle tiempo al Gobierno para que les pague a los GAD, porque parece que lo que quiere es licuar la deuda, bajarles un tercio y bajo condiciones de sometimiento”, afirmó Córdova.

Desde el Gobierno, la viceministra Contento señaló que el objetivo no es recortar los recursos que se entregan a los GAD, sino que estos ordenen sus finanzas, a través de una nueva ley.

Adicionalmente, recalcó que la mayoría de los GAD, en un análisis realizado entre los años 2021 y 2024, sí cumplieron con el porcentaje exigido, es decir que, serán pocos los sancionados.

Gastos en fiestas

Para la asambleísta Ana Belén Tapia, de las filas de la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), lo que les preocupa a algunos GAD es que se les reste fondos que emplean para realizar fiestas y campaña política.

“La incertidumbre es saber que no habrá fondos para financiar campañas políticas de amiguitos a través de los GAD; lo que se busca es que los municipios, sobre todo de la Amazonía, que todavía no tienen agua potable, ni servicios básicos, ni vialidad rural, dejen de gastar más en fiestas, que es donde se hace la maraña para sacar para los otros temas”, afirmó la legisladora.

Pero, Yuri Colorado pidió que no se recorten los gastos para las fiestas en los cantones, pues señaló que significan su memoria histórica y cultura.

“Se puede participar sin hacer gastos exagerados, porque también reactivan la economía local”, dijo la presidenta de AME.

La oposición también observó el hecho de que la norma, si es aprobada, comenzará a regir en 2027, por este lapso consideran que el proyecto económico del Gobierno no tiene carácter de urgente y que puede ser tramitado por la vía regular.