A las Fuerzas Armas les debió quedar claro que la amplia mayoría de ecuatorianos respalda la libertad de expresión y el trabajo periodístico.

Hablamos del periodismo que se ejerce en los medios de comunicación tradicionales –pocos, por cierto– y de unos cuantos medios digitales, en los cuales se busca la verdad, se investiga, se contrastan los hechos, se actúa con absoluta independencia del poder político.

A pretexto de imponer lineamientos para la acreditación de los medios y el manejo de la información oficial, las Fuerzas Armadas se extralimitaron.

Si aquel fue el objetivo de su resolución, que tampoco se justifica, no podían pretender atribuirse el derecho a escoger qué medios deben cubrir su labor; segregarlos según su línea editorial, o qué periodistas les son afectos y quienes no.

La aclaración llegó tarde, arguyendo que se filtró el documento; o, aquilatando la reacción, hicieron asomar otro distinto, no por eso también censurable. 

El único dueño de la información es el pueblo. Lo establece la Constitución, los tratados internacionales sobre libertad de expresión.

Contravenirla es atentar contra la democracia, fomentar la censura previa, querer convertir al Estado en un Torquemada, cuando su rol es defenderla, protegerla.

Las instituciones del Estado y el poder político están sujetos al escrutinio público, a rendir cuentas de sus actos a la ciudadanía, cuyo puente, les guste o no, son los medios de comunicación.

Las Fuerzas Armadas han gozado y gozan de la confianza y credibilidad de la mayoría de los ecuatorianos, al margen de uno que otro error, o de extralimitarse en sus atribuciones.

Si los medios les resultan críticos, ¿dónde está el problema?

No era menester fraguar semejantes “lineamientos”. Tampoco vale el argumento de que tienen potestad para regular las acreditaciones. ¿En base a qué? O se es demócrata, o se es autoritario.