El deterioro de la salud pública en el Ecuador no es coyuntural ni accidental, es el resultado de decisiones estructurales postergadas y de una insuficiencia crónica, agravadas por la ausencia de inteligencia institucional en la gestión estatal y persistente incapacidad de: planificación estratégica, de estratificación de datos, de priorización territorial, de evaluación sistemática de impacto y de cultura de prevención -todo ello basado en evidencia.
Dicha evidencia acumulada demuestra que la inacción ya no es una opción y exige con urgencia de decisiones políticas, técnicas y responsables, como única salvedad para romper con la precariedad operativa y la vulnerabilidad a prácticas de corrupción. Una política sanitaria óptima y efectiva debería reconocer y respaldar al médico que garantiza la salud de los pacientes; claro está, que los pacientes también deben ser corresponsables.
Ahora bien, dicha diferencia también gana fuerza en los modelos de organización y financiamiento profundamente distintos; por una parte, el sistema público opera bajo esquemas fragmentados del presupuesto general del estado (A mayor fiesta municipal menor salud), atravesados por criterios de estratificación social que condicionan el acceso a la atención. Por otra parte, la gratuidad concebida sin criterios de focalización tiende a incentivar usos indebidos de la red de salud y desplaza recursos de quienes dependen exclusivamente de la salud pública (clientelismo). En este contexto, la denominada “salud pública municipal”, cuando opera bajo esquemas de pago directo o copagos, NO es gratuita y NO es meramente público; al trasladar el costo de la atención al usuario, aunque sea asequible y de forma parcial o indirecta, se reconfigura como un modelo privado de salud y cuando nos encontramos con usuarios que no pueden pagar, simple, volvemos a la punta del ovillo en materia de salud pública.
El sistema privado opera bajo lógicas de sostenibilidad financiera basadas en el pago directo —en ocasiones mercantilizado—; sin embargo, permite mayor capacidad de respuesta, inversión, actualización, incentivos, etc. La diferencia no solo se explica desde la moral o la ideología, sino también desde el concepto de servicio (Inversión social vs. gasto público vs. valor operativo). Lo cierto es que esta realidad no exime ni al Estado ni a los profesionales de la salud de su responsabilidad jurídica, ética y política de garantizar el derecho fundamental a la salud.
El espíritu del juramento hipocrático es proteger la vida, preservar la dignidad humana y abstenerse de causar daño, ello debe trascender el plano individual y consolidarse como principio rector de la política pública sanitaria; en pocas palabras: colocar al paciente en el centro del sistema no es una consigna discursiva, sino una exigencia ética y constitucional que demanda acciones concretas, técnicas y urgentes. (O)
